Gobierno griego defiende reformas para reducir la burocracia

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Dan Blystone

24.03.2026

Gobierno griego defiende reformas para reducir la burocracia — Reformas griegas contra la burocracia

Según la intervención del vicepresidente del Gobierno griego, Kostis Hatzidakis, ante la sesión conjunta de las comisiones parlamentarias, el proyecto de ley para un Estado más amigable con el ciudadano incorpora 14 cambios contra la burocracia y cuenta, afirmó, con una valoración positiva de 7 de cada 10 entidades que se pronunciaron. El dirigente enmarca el debate en la tramitación legislativa en curso y sostiene que parte de la oposición rechaza incluso disposiciones que considera básicas para agilizar la relación entre ciudadanos y administración.

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El Gobierno griego impulsa una reforma administrativa que obliga a publicar circulares en internet y habilita una plataforma electrónica para seguimiento de expedientes.
La sustitución de certificados por declaraciones responsables agiliza trámites, con verificación administrativa en tres meses y sanciones por falsedad, y exige control previo en asuntos económicos.
Las nuevas medidas buscan reducir costes y demoras para hogares y empresas, pero la tramitación parlamentaria del proyecto evidencia fuerte polarización política sobre la modernización del sector público.

Medidas clave del proyecto en tramitación

Hatzidakis destaca cuatro disposiciones que presenta como centrales en la reforma administrativa. Entre ellas figura la obligación de publicar las circulares en internet para que tengan validez, así como una plataforma electrónica desde la que el ciudadano puede seguir el estado de su expediente, identificar al responsable y conocer en qué fase se encuentra. También subraya la previsión de que el Estado no interponga recursos judiciales en casos de alta relevancia social y el reconocimiento de derechos reales de los ciudadanos en litigios patrimoniales con la administración.

El vicepresidente añade que espera ver la posición final de los partidos de la oposición cuando el texto llegue a la votación por artículos. En su intervención, presenta estas iniciativas como una respuesta práctica a retrasos, conflictos administrativos y disputas prolongadas con afectados y familias en casos sensibles. A su juicio, la referencia a prácticas de países europeos más avanzados respalda la orientación general del proyecto.

Cambios operativos en certificados, recursos y transmisiones

En defensa de la sustitución de certificados por declaraciones responsables, Hatzidakis sostiene que la medida parte de la presunción de buena fe del ciudadano y busca evitar retrasos cuando faltan algunos documentos. Precisa que la administración dispone de un plazo razonable de tres meses para verificar la exactitud de la declaración y recuerda que existen sanciones si se presentan datos falsos o inexactos. Para los asuntos con contenido económico o presupuestario, señala además que el control previo de la declaración es obligatorio antes de emitir el acto administrativo.

Sobre la colaboración de la administración con profesionales certificados, argumenta que ya existen precedentes en ámbitos como la actividad de abogados, notarios, ingenieros y veterinarios. También defiende una tramitación unificada de los recursos administrativos, en línea con el modelo que ya funciona en la autoridad tributaria, para evitar resoluciones contradictorias entre oficinas locales y reducir costes para los ciudadanos. En cuanto al papel de los notarios como ventanilla única en las compraventas inmobiliarias, afirma que su órgano representativo se muestra favorable a las disposiciones, aunque plantea observaciones puntuales que el Gobierno dice que examina.

Impacto institucional y pulso político en Grecia

El debate sobre el proyecto refleja un choque más amplio sobre la modernización del sector público en Grecia y sobre el ritmo de simplificación de trámites para hogares y empresas. Desde una perspectiva de gestión, las medidas apuntan a reducir tiempos de espera, mejorar la trazabilidad de expedientes y dar mayor uniformidad a las decisiones administrativas. Eso puede tener efectos sobre la actividad económica al rebajar costes indirectos vinculados a demoras, documentación repetitiva y procedimientos fragmentados.

Al mismo tiempo, la discusión mantiene un marcado tono político, ya que el Gobierno acusa a la oposición de adoptar una postura de rechazo generalizado frente a la reforma. Hatzidakis cierra su intervención pidiendo propuestas alternativas concretas, no solo críticas a las disposiciones presentadas. La tramitación parlamentaria del proyecto sigue así como un test para medir hasta qué punto existe consenso sobre una agenda de desburocratización en la administración griega.

Previamente informamos sobre la mejora del marco de integridad pública de Grecia y sus avances en la lucha contra la corrupción, con un mejor posicionamiento en la evaluación de la OCDE. En aquel contexto, se destacaban herramientas como plataformas digitales de seguimiento de procedimientos, el enfoque de datos abiertos y reformas para reforzar el control interno y la trazabilidad administrativa. Ese trasfondo enlaza con el actual debate sobre la desburocratización y la simplificación de trámites que el Gobierno defiende en el Parlamento.

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