Reino Unido endurecerá las normas fiscales para los criptooperadores en enero de 2026
El Reino Unido toma medidas contra la evasión fiscal de los activos digitales
El Reino Unido se prepara para aplicar una normativa fiscal más estricta dirigida a las personas y entidades que intenten eludir el pago de impuestos sobre los beneficios de los activos digitales. A partir de enero de 2026, en virtud del nuevo Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés), los proveedores de servicios de cripto estarán obligados a recopilar y notificar los datos de los usuarios a la Agencia Tributaria de Su Majestad (HMRC, por sus siglas en inglés).
Según el Daily Mail, se espera que la medida ayude a cerrar las lagunas fiscales existentes y genere unos 315 millones de libras en ingresos para abril de 2030.
Obligaciones de uso y servicio, sanciones por incumplimiento
Según las nuevas normas, los criptocomerciantes deberán facilitar información personal, como nombre completo, dirección, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal. Los no residentes también deberán indicar su país de residencia. Las empresas tendrán que indicar su nombre legal y domicilio social. La normativa se aplica a una amplia gama de plataformas de criptomonedas, incluidas las bolsas, los mercados de NFT y los servicios de gestión de carteras de criptomonedas.
El incumplimiento dará lugar a sanciones económicas. Los particulares que no faciliten la información requerida a los servicios de cripto podrán ser multados con hasta 300 libras esterlinas. Del mismo modo, las empresas de criptomonedas que no presenten datos precisos sobre las transacciones y los identificadores fiscales de los clientes a HMRC también pueden enfrentarse a sanciones.
Reacción de la comunidad y postura del Gobierno
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Tesoro británico destinada a mejorar la recaudación de impuestos y garantizar la equidad en el espacio financiero digital. Con la creciente popularidad de las criptomonedas, el gobierno pretende garantizar que los beneficios de las operaciones se graven en línea con otras formas de ingresos y ganancias de capital.
A pesar de la justificación oficial, la nueva política ha recibido críticas de la comunidad británica de criptomonedas. Algunos usuarios argumentan que las normas benefician desproporcionadamente al Gobierno: los beneficios se gravan, mientras que las pérdidas se ignoran. Otros destacan los costes e impuestos en los que ya se ha incurrido para crear granjas de criptominería y cuestionan la justicia de imponer gravámenes adicionales sobre sus ganancias.
No obstante, el Gobierno británico parece decidido a aplicar estas medidas para fortalecer las finanzas públicas y alinearse con las normas internacionales sobre transparencia y fiscalidad en el sector de los criptoactivos.
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