Grecia profundiza la brecha de renta en la UE, según datos de Eurostat
Los datos de Eurostat citados en el artículo sitúan a Grecia en 2025 en el último puesto de la Unión Europea en poder adquisitivo, compartiendo esa posición con Bulgaria, tras caer desde el penúltimo lugar de 2024. El texto enmarca esa evolución como un deterioro de la convergencia de ingresos defendida por el Gobierno griego y la vincula al encarecimiento del coste de vida y a la presión de los impuestos indirectos. En ese contexto, la comparación se produce después de que el primer ministro prometiera en 2024 y volviera a defender en 2025 una aproximación real de Grecia al nivel de renta europeo.
Κορυφαία σημεία
- El PIB per cápita de Grecia baja del 69% de la media de la UE en 2024 al 68% en 2025, situando al país en último lugar en poder adquisitivo.
- El artículo atribuye el deterioro económico griego a la inflación y a la alta fiscalidad indirecta, especialmente sobre carburantes, que incrementan ingresos fiscales pero agravan la pérdida de poder de compra.
- El modelo fiscal vigente prioriza ayudas puntuales sin reducir impuestos indirectos, concentrando la presión sobre consumo, energía y finanzas públicas y ampliando la brecha de renta respecto a la UE.
Caída del poder adquisitivo y divergencia europea
El artículo señala que Grecia pasa del penúltimo puesto en 2024 al último en 2025 en términos de poder adquisitivo dentro de la Unión Europea. Según esas cifras, el PIB per cápita del país equivale al 69% de la media comunitaria en 2024 y baja al 68% en 2025. Esa trayectoria se presenta como la prueba de que la convergencia de ingresos con el resto de Europa no se materializa, sino que se debilita.
La comparación se apoya en la evolución relativa del ingreso medio y en el coste de vida, dos variables que condicionan la capacidad real de consumo de los hogares. El texto sostiene que, pese a las subidas del salario mínimo anunciadas por el Ejecutivo, los ciudadanos griegos siguen afrontando una posición de mayor fragilidad dentro del bloque. También subraya que esa pérdida relativa se produce en una de las economías que el artículo describe como más caras de Europa.
El argumento se enlaza con declaraciones previas del primer ministro sobre el objetivo de convertir a Grecia en un país plenamente convergente con el estándar europeo. Frente a esas promesas, la lectura del artículo es que los datos comunitarios apuntan en la dirección contraria. Así, la brecha económica con la media de la UE no se reduce, sino que continúa ampliándose.
Inflación, fiscalidad indirecta y efectos sobre los hogares
El texto atribuye ese resultado a una decisión política basada en una redistribución hacia arriba, favorecida por la inflación y por el peso de los impuestos indirectos. Según esa interpretación, el encarecimiento de bienes básicos y combustibles impulsa tanto los ingresos fiscales del Estado como los beneficios privados. A partir de ahí, el artículo sostiene que esos recursos se reutilizan con criterios clientelares mediante ayudas puntuales, subsidios o adjudicaciones directas.
Dentro de ese análisis, se destaca que el Gobierno no reduce los impuestos indirectos sobre los carburantes, incluso en un entorno descrito como de economía de guerra. El artículo contrapone esa decisión con medidas adoptadas por otros países europeos, entre ellos Chipre, España, Austria y Croacia. La conclusión es que la política fiscal vigente agrava el deterioro del poder de compra en lugar de amortiguarlo.
Desde esa óptica, el modelo económico se define como una versión griega de las políticas de goteo, con efectos negativos sobre la renta disponible de los hogares. El texto considera que esa orientación genera más pobreza, amplía los beneficios extraordinarios y refuerza la reproducción del poder político. En términos sectoriales, la presión se concentra sobre consumo, energía y finanzas públicas, con impacto directo en la economía doméstica.
En nuestra publicación ya informamos sobre las estimaciones de Eurostat para 2025 que situaban a Grecia en el último puesto de la UE en PIB per cápita medido por poder adquisitivo, alrededor del 68% de la media comunitaria. En ese contexto, se analizaba cómo la inflación y la ausencia de ajustes tributarios —especialmente en impuestos indirectos— pueden erosionar la renta real pese a subidas salariales nominales, y se mencionaba la propuesta de indexar tramos y mínimo exento del IRPF para limitar el llamado “impuesto inflacionario”.
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