Grecia activa un fondo climático social para hogares y pymes

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Emilio Ghigini

05.04.2026

Grecia activa un fondo climático social para hogares y pymes — Fondo climático para hogares

El Gobierno de Grecia prepara la puesta en marcha del Fondo Climático Social, según el texto del proyecto de ley presentado en el Parlamento, como nuevo vehículo de financiación tras el cierre del ciclo del Fondo de Recuperación en el país. El instrumento moviliza 5.300 millones de euros para 2026-2032 y busca ayudar a 1,5 millones de hogares y 70.000 empresas a absorber el coste de la transición energética, en un contexto de nueva presión internacional sobre la energía y antes de la ampliación del sistema europeo de comercio de emisiones en 2027.

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Grecia lanza un Fondo Climático Social con 25 medidas desde 2026, dirigido a vivienda, calefacción, movilidad y apoyo a consumidores vulnerables y pymes.
El programa destina 1.200 millones de euros para eficiencia energética en 62.000 viviendas, 930 millones para sistemas de calefacción sostenibles y 174 millones a leasing social de coches eléctricos.
Desde 2027, se refuerzan ayudas anuales a calefacción con 340 millones de euros para 780.000 beneficiarios, mientras 10.000 microempresas reciben 394 millones en subvenciones energéticas.

Diseño del fondo y calendario de despliegue

La iniciativa incluye la creación de una Autoridad de Coordinación y de una Comisión Especial del Fondo Climático Social, con un administrador de mandato trienal y funcionamiento previsto hasta 2032. Al mismo tiempo, Atenas ya ha remitido a la Unión Europea una propuesta con 25 actuaciones que empiezan a ejecutarse dentro de 2026. Más de 20 medidas arrancan previsiblemente a partir del otoño, con foco en vivienda, calefacción, movilidad y apoyo directo a consumidores vulnerables.

Entre las partidas de mayor volumen figura un nuevo programa de eficiencia energética para 62.000 viviendas, dotado con 1.200 millones de euros, que incluye subvención también sobre el IVA. El plan contempla intervenciones valoradas en 24.800 euros con ayudas de hasta el 80%, lo que reduce el desembolso del propietario a unos 5.000 euros. Otros 930 millones de euros se destinan a sustituir sistemas de calefacción mediante bombas de calor y calentadores solares, con una aportación propia de 2.000 euros.

El esquema también reserva 174 millones de euros para un programa de leasing social que subvenciona con 13.000 euros a 12.500 hogares para el arrendamiento de coches eléctricos durante cuatro años, con una cuota mensual de hasta 145 euros. Además, se asignan 51 millones de euros para ayudas de hasta el 100% a personas con discapacidad en la compra de sillas eléctricas, scooters de movilidad y handbikes. A ello se suman 40 millones de euros para 200.000 certificados gratuitos de eficiencia energética, un documento clave porque las nuevas normas europeas condicionan con él el alquiler y la venta de inmuebles.

Vivienda social y apoyo empresarial en la transición

El programa prevé además 435 millones de euros para construir 2.350 viviendas de consumo casi nulo, de clase A+ y superficie media de 84 metros cuadrados, en cuatro antiguos recintos militares de Haidari, Acharnes, Ziaka en Tesalónica y Manousogiannaki en Patras. Esos inmuebles deben alojar a 7.000 ciudadanos con rentas bajas mediante alquiler asequible y bajo la nueva Autoridad Nacional de Vivienda. Desde 2027, otros 340 millones de euros al año refuerzan cada octubre la ayuda a la calefacción para 780.000 beneficiarios, con hasta 100 euros adicionales para compensar el impacto del ETS2.

En el ámbito empresarial, 10.000 microempresas comparten 394 millones de euros para programas de ahorro energético. Otras ayudas por 289 millones de euros se orientan a la compra de vehículos profesionales eléctricos, con subvenciones del 40% para turismos y furgonetas o del 30% para camiones. El texto también prevé incentivos de hasta 20.000 euros para taxis eléctricos y de hasta 29.000 euros para vehículos accesibles para personas con discapacidad.

El despliegue del fondo responde a la elevada pobreza energética que registra Grecia, especialmente en áreas rurales y en los tramos de renta más bajos, junto con un parque inmobiliario envejecido y una fuerte dependencia de combustibles fósiles en transporte y calefacción. La expansión del mercado de emisiones al petróleo y al gas en 2027 añade urgencia al calendario del programa. En este marco, el fondo busca amortiguar el coste social de la descarbonización y sostener tanto el consumo de los hogares como la inversión de pequeñas empresas.

Acceso regional y ejecución administrativa

Para evitar que las ayudas queden limitadas por barreras burocráticas, el proyecto incorpora un Registro de Apoyo Energético con una Tarjeta de Vulnerabilidad y servicios de ventanilla única en cada región. El objetivo es facilitar la tramitación a colectivos con más dificultades de acceso, incluidos mayores y residentes en zonas remotas. La Comisión Económica y Social griega señala en su dictamen sobre el proyecto que el acceso a las ayudas debe ser real y no solo formal.

La arquitectura administrativa pretende dar continuidad a la política de inversión climática una vez concluya el Fondo de Recuperación en Grecia. También amplía el enfoque desde la obra pública y la reforma estructural hacia medidas de alivio directo para hogares y pequeñas empresas expuestos al encarecimiento energético. Si el calendario se mantiene, 2026 marca el inicio operativo de un nuevo ciclo de gasto con impacto sobre vivienda, movilidad, eficiencia y protección social.

En nuestra publicación informamos previamente sobre el repaso de la prensa dominical griega que situaba en primer plano la presión política sobre el Gobierno y la preocupación por el coste de la electricidad, incluida la expectativa de un subsidio en la factura. Ese panorama vinculaba la incertidumbre institucional y las medidas de alivio energético con posibles efectos sobre el consumo de los hogares, las empresas y la confianza en la economía griega.

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