Grecia afronta riesgo de recortes en pensiones de viudedad tras fallo del Consejo de Estado

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Emilio Ghigini

18.05.2026

Grecia afronta riesgo de recortes en pensiones de viudedad tras fallo del Consejo de Estado — Riesgo en pensiones griegas

Un fallo del Consejo de Estado griego reabre el marco de pago de la pensión nacional dentro de las pensiones de viudedad y afecta a decenas de miles de beneficiarios. La decisión cuestiona la práctica aplicada desde 2019 y eleva el riesgo de ajustes o devoluciones para expedientes más recientes.

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El Consejo de Estado griego dictaminó que los pensionistas no deben percibir más de una pensión nacional, afectando al menos a 200.000 beneficiarios de viudedad desde 2019.
El fallo podría obligar a los beneficiarios que recibieron pagos indebidos por el componente nacional de las pensiones de viudedad desde 2024 a devolver entre 15.000 y 30.000 euros cada uno.
La reducción obligatoria de la pensión de viudedad del 70% al 35% tras tres años se aplica en el sector público y OGA, pero no en el sector privado, lo que puede derivar en reclamaciones retroactivas.

Alcance del fallo sobre la pensión nacional

Según Naftemporiki, el máximo tribunal resuelve sobre la llamada circular Tsakloglou, emitida a comienzos de 2021 para interpretar la ley 4387/2016, y concluye que los pensionistas no deben percibir más de una pensión nacional.

Al mismo tiempo, el Consejo de Estado considera que esa circular tiene carácter normativo y no meramente interpretativo, por lo que pide que no se aplique en esa forma. Aun así, la resolución abre un problema para al menos 200.000 pensiones de viudedad abonadas desde 2019 hasta hoy, año en que comienza la aplicación del marco legal citado.

Si la disposición se aplica literalmente, los beneficiarios de más de una pensión quedan limitados a una sola pensión nacional. En ese esquema, quienes cobran una pensión de viudedad perciben la parte nacional solo de su pensión principal y, de la segunda prestación por fallecimiento del cónyuge, únicamente el tramo contributivo que corresponda.

El límite se sitúa en 446 euros, base vigente vinculada a la antigua pensión del IKA. Por ello, las pensiones de viudedad no pueden quedar por debajo de ese umbral, pero tampoco deben incluir la pensión nacional correspondiente al beneficiario fallecido.

Impacto fiscal y presión sobre el Ministerio de Trabajo

También surge una cuestión separada para las pensiones de viudedad ya emitidas desde 2019. Dado el plazo de prescripción de cinco años mencionado en el texto, en la práctica no corren riesgo las prestaciones emitidas hasta finales de 2023.

No ocurre lo mismo con las pensiones de viudedad emitidas en 2024, 2025 y este año. Si se aplica la decisión judicial, el Estado debe reclamar importes considerados indebidamente pagados, en concreto las cantidades cobradas por los beneficiarios ligadas al componente nacional de la pensión de viudedad.

La iniciativa para definir los siguientes pasos recae ahora en el Ministerio de Trabajo, que puede delimitar el procedimiento mediante una nueva circular o una decisión ministerial. El retraso en aplicar la circular de 2021 sugiere, según el texto, que el coste social y político del asunto sigue frenando una actuación directa.

El presidente de la Unión para la Defensa del Trabajo y del Estado social, el profesor Alexis Mitropoulos, afirma que más de 200.000 pensionistas por fallecimiento afrontan riesgo de devolver entre 15.000 y 30.000 euros. A esto se suma el frente abierto en el sector privado, donde no se ejecuta para algunos beneficiarios la reducción de la pensión de viudedad del 70% al 35% tras tres años, recorte que sí se aplica en el sector público y en el antiguo OGA, lo que también puede derivar en reclamaciones retroactivas.

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