Las constructoras griegas piden revisar costes en obra pública por el alza de materiales
El encarecimiento de materiales y energía vuelve a presionar a la obra pública en Grecia y pone en riesgo la continuidad de cientos de contratos en ejecución. Las organizaciones de contratistas advierten de que el repunte, vinculado a la guerra en Oriente Medio, está deteriorando la viabilidad de proyectos y reclaman medidas urgentes al Ministerio de Infraestructuras.
Κορυφαία σημεία
- Las organizaciones SATE, STEAT, PEDMEDE y PESEDE exigen al Gobierno griego activar la revisión de precios por el alza de materiales en contratos públicos.
- El asfalto sube hasta un 80% desde febrero de 2026 y permanece entre un 45% y 50% sobre niveles previos, afectando la viabilidad de proyectos.
- El sector reporta subidas laborales del 80%-100% y advierte que la construcción supone el 10% del PIB, aumentando el riesgo económico y las posibles paralizaciones.
Presión sobre contratos y revisión de precios
Según informa Naftemporiki, las principales organizaciones de contratistas de Grecia, entre ellas SATE, STEAT, PEDMEDE y PESEDE, presentan un frente común para exigir una cobertura inmediata del aumento de costes y la activación efectiva del mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos.Entre los datos expuestos por el sector, el coste del asfalto sube entre un 70% y un 80% desde el 28 de febrero de 2026, cuando comienzan las operaciones bélicas, y en la fase actual se mantiene entre un 45% y un 50% por encima de los niveles previos pese a la posible distensión en la región. Las organizaciones sostienen que este entorno amenaza directamente la continuidad de las obras y complica la finalización de proyectos ya iniciados.
De momento, la cúpula política del Ministerio de Infraestructuras no se muestra dispuesta a impulsar una nueva intervención de precios. Desde el ministerio remiten a la ley 5290/2026, publicada en el FEK 47A del 30 de marzo de 2026, con la que se fijan de forma definitiva los coeficientes de revisión de contratos públicos de 2021 y 2022, dando a entender que una nueva corrección no figura ahora en la agenda.
El presidente de SATE, Zacharias Athousakis, afirma que la revisión de precios es una obligación prevista en el marco institucional, pero no aplicada en la práctica. Añade que el mecanismo de seguimiento de precios contemplado en la legislación de 2021 nunca llega a activarse y que los coeficientes aprobados en 2022 cubren menos del 30% de los incrementos reales posteriores al inicio de la guerra en Ucrania.
En la misma línea, el presidente de STEAT, Giorgos Syrianos, señala que las medidas adoptadas en meses anteriores alivian parte del problema, pero que la evolución en Oriente Medio y el nuevo aumento del coste energético vuelven a cambiar las condiciones del mercado. Como respuesta, propone una prórroga horizontal de seis meses para todas las obras públicas, junto con compensaciones para los contratistas que opten por continuar sin acogerse a esa extensión.
Impacto para el sector y la economía griega
Las asociaciones empresariales describen una presión cada vez mayor sobre márgenes, plazos y capacidad de ejecución. Athousakis indica que los costes laborales de los últimos años aumentan entre un 80% y un 100%, y cita como ejemplo el precio del ladrillo, que pasa de 0,075 euros a 0,20 euros por unidad, en un contexto en el que muchas empresas se acercan al punto de paralizar trabajos.El presidente de PESEDE, Fotis Kouvoukliotis, sostiene que las compañías operan ya más allá de los límites normales del riesgo económico. Añade que las subidas son aún más intensas fuera de los grandes centros urbanos y que, en algunos casos, las ofertas de proveedores de materiales apenas tienen una validez de diez días, lo que reduce la visibilidad financiera de los contratistas.
Por su parte, Konstantinos Gkoliopoulos, de PEDMEDE, califica la situación de asfixiante y advierte de consecuencias más amplias para la economía y el avance de las obras si no hay respuesta oficial. Recuerda además que la construcción representa aproximadamente el 10% del PIB, lo que eleva la relevancia del problema más allá del propio sector.
Manos Vrailas, secretario general de STEAT y miembro del consejo de SATE, atribuye el actual bloqueo a la falta de funcionamiento del mecanismo de seguimiento de precios previsto por la normativa. A su juicio, la prórroga de seis meses solo puede actuar como solución temporal, mientras el sector reclama la fijación inmediata de nuevos coeficientes de revisión hasta que exista un sistema permanente y operativo para seguir el coste de la obra pública.
Σε προηγούμενο άρθρο μας για την κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD, είχαμε σημειώσει ότι η Ελλάδα παραμένει το 2026 στην 50ή θέση παγκοσμίως, με μικτή εικόνα μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας, κυβερνητικής αποτελεσματικότητας και υποδομών. Είχαμε επίσης επισημάνει πως οι αδυναμίες σε υποδομές και στη λειτουργία του κράτους περιορίζουν τη δυναμική ανάπτυξης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν επενδύσεις και παραγωγικότητα.
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