Grecia refuerza embargos por deudas fiscales superiores a 500 euros

Grecia refuerza embargos por deudas fiscales superiores a 500 euros
Embargos por deudas fiscales

La presión sobre los contribuyentes con pagos atrasados al Estado griego aumenta mientras el volumen de morosos y de nueva deuda vencida sigue creciendo. Los deudores con obligaciones superiores a 500 euros pueden afrontar embargos de inmuebles, incluso cuando responden como deudores principales, corresponsables o garantes.

Κορυφαία σημεία

  • Grecia activa embargos de bienes y subastas electrónicas por deudas fiscales superiores a 500 euros no incorporadas a planes de regularización.
  • El número de deudores fiscales ascendió a 4.797.755 en marzo, con 1.684.592 ya en procesos de embargo y subasta, y 2.300.333 más en riesgo de medidas coercitivas.
  • La nueva deuda fiscal vencida del primer trimestre alcanzó los 3.023 millones de euros, un 6,41% más que en el mismo periodo del año anterior.

Medidas de cobro y calendario de ejecución

Según la guía anual de preguntas y respuestas de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia, las autoridades pueden activar medidas de ejecución forzosa para cobrar deudas vencidas no incluidas en un plan legal de regularización.

El umbral de 500 euros no incluye recargos por pago fuera de plazo, intereses de demora ni multas por retraso. Entre las medidas previstas figuran el embargo de bienes muebles en poder del deudor, el embargo de bienes y créditos en manos de terceros y el embargo de inmuebles, además de otras actuaciones administrativas, cautelares y judiciales previstas por la legislación vigente.

Para las deudas respecto de las que existe título ejecutivo desde el 1 de enero de 2014, la administración tributaria debe notificar antes una advertencia individual de pago o mora, salvo en los embargos de créditos dinerarios en manos del propio contribuyente o de un tercero. Desde la entrega al deudor de la copia del acta de embargo, este pierde el derecho de libre disposición sobre el inmueble afectado y sobre sus elementos integrantes.

Si el deudor no incorpora sus obligaciones a un programa de regularización, una vez transcurridos 40 días y como máximo en cuatro meses desde el embargo se fija una fecha de subasta, que debe celebrarse a más tardar en cinco meses desde la emisión del programa. Si la subasta no se realiza en la fecha prevista, se emite un nuevo programa dentro del plazo máximo de un año.

Desde el 1 de mayo de 2018, las subastas forzosas bajo el Código de Recaudación de Ingresos Públicos se realizan exclusivamente por medios electrónicos a través de los sistemas de subastas y del portal eauction.gr. Los resúmenes de los programas de subasta también se publican en la página electrónica de anuncios judiciales correspondiente.

Escalada de morosidad e impacto fiscal

En marzo, el número total de deudores ascendió a 4.797.755, frente a 3.681.752 en febrero, lo que implica que 1.116.003 contribuyentes adicionales dejaron facturas fiscales sin pagar, según los datos oficiales citados en el texto.

Del total, 1.684.592 obligados ya se encuentran en procesos encaminados a embargos y subastas, mientras otros 2.300.333 están en la antesala de medidas coercitivas. Al mismo tiempo, la nueva deuda vencida del primer trimestre sube a 3.023 millones de euros, frente a 2.136 millones en el primer bimestre y un 6,41% por encima del nivel del mismo periodo del año anterior, cuando se situaba en 2.841 millones.

Los grandes deudores también se enfrentan a acciones penales si mantienen durante más de cuatro meses obligaciones superiores a 100.000 euros, cifra que sí incluye intereses, recargos y multas. No obstante, la administración fiscal no debe solicitar acciones penales cuando todas las deudas vencidas están integradas en un plan de pago vigente o cuando media una resolución judicial de quiebra o inscripción en el registro electrónico de solvencia, salvo en los casos de obligaciones excluidas de exoneración.

La ejecución de una pena impuesta puede suspenderse si el deudor entra en un programa de regularización o si se suspende la recaudación mientras se cumplan las condiciones correspondientes. Además, la falta de pago puede quedar sin castigo si el importe adeudado se liquida antes de que la causa sea juzgada en cualquier instancia.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναδείξαμε πως η υπόθεση πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τα όρια θητειών και τη θεσμική λειτουργία της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, καταγράψαμε τις αιχμές της αντιπολίτευσης για το κόστος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από τραπεζικές προμήθειες, τη διαφορά επιτοκίων και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων—ένα πλαίσιο που συνδέεται άμεσα με τη σημερινή συζήτηση για την κλιμάκωση των πιέσεων σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

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