Lleida exonera 225.437 euros a un empresario agrícola tras su insolvencia por la sequía
La justicia mercantil de Lleida exime a un empresario agrícola de una deuda de 225.437,59 euros después del deterioro financiero causado por los cortes de agua vinculados a la sequía. La resolución, adoptada al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad, también fija un plan de pagos de 100 euros mensuales durante tres años.
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- El Tribunal de Instancia de Lleida exonera 225.437 euros de deuda a un empresario agrícola tras insolvencia derivada de la sequía y corte de agua en abril de 2023.
- La falta de suministro hídrico ocasionó caída de ingresos, denegación de ERTE, venta de maquinaria y pérdida del certificado ecológico de la explotación.
- El fallo judicial aprueba plan de pagos de 100 euros mensuales durante tres años tras dos años de litigio, reforzando la aplicación práctica de la Ley de Segunda Oportunidad en el sector agrícola.
Resolución judicial y origen de la insolvencia
Según El Economista, citando a Bergadà Abogados, despacho que asumió la defensa del empresario, el origen del colapso financiero se remonta al corte de agua aplicado en abril de 2023 en el Canal Segarra-Garrigues, en un contexto de restricciones que ya afectaban a la explotación desde dos años antes por la sequía.La interrupción del suministro provocó una caída de la producción y de los ingresos de la empresa, lo que llevó a su propietario a buscar financiación para atender pagos a proveedores. El afectado sostiene que la decisión llegó sin previo aviso y frustró una actividad que había desarrollado durante 22 años.
La empresa intentó amortiguar el impacto con un ERTE, aunque esta vía le fue denegada. A partir de ahí, la falta de liquidez obligó al empresario a asumir indemnizaciones mientras seguía sin poder atender sus compromisos con proveedores y bancos.
Impacto en la explotación agraria y salida legal
Antes de agravarse la crisis, la explotación mantenía una posición solvente, lo que había permitido obtener financiación bancaria para renovar la flota de vehículos y comprar un tractor. El empresario también trató de reducir la deuda con la venta de maquinaria, pero no logró frenar el deterioro y además perdió el certificado ecológico de la explotación.Tras recurrir a distintas fórmulas de financiación e intentar refinanciar las deudas para conservar la propiedad de las tierras, sus esfuerzos resultaron insuficientes. Después de dos años de litigio, la plaza número 1 de la sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Lleida acuerda la cancelación de la deuda y aprueba un plan de pagos de 100 euros al mes durante tres años.
Marta Bergadà, abogada y socia fundadora de Bergadà Abogados, afirma que su cliente actuó como un deudor de buena fe y señala que la agricultura figura entre los sectores más expuestos a insolvencias provocadas por factores ajenos a autónomos y empresarios. A su juicio, este caso refuerza el papel de la Ley de Segunda Oportunidad como herramienta para que los agricultores superen dificultades y mantengan su aportación a la economía.
La gestión del agua para la agricultura fue un tema que ya abordamos en una publicación anterior, centrada en cómo el sector agrario busca mejorar la eficiencia hídrica y adaptarse al cambio climático. En ese contexto, explicamos la participación de España en foros internacionales sobre riego y drenaje, así como el impulso a la cooperación, la innovación y la planificación territorial para reforzar la resiliencia del campo.
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