Valencia mantiene bloqueada la ejecución de ayudas de la DANA dos años después
Dos años después de la DANA que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, la reconstrucción municipal avanza con retrasos pese a contar con 1.721 millones de euros ya transferidos por el Gobierno central. El principal cuello de botella se sitúa en la capacidad administrativa de los ayuntamientos para validar proyectos, redactar expedientes técnicos y sacar a concurso las obras pendientes.
Destacados
- El 95% de los fondos DANA para 74 municipios valencianos y la Diputación sigue sin licitarse dos años después de su llegada en marzo de 2025.
- La complejidad administrativa ha ralentizado la reconstrucción, con solo 59 expedientes trasladados a Tragsa y concursos por apenas 800.000 euros en Catarroja.
- El Gobierno aprobó 438 millones de euros adicionales para redes de agua y saneamiento, con Global Omnium adjudicando obras en 28 municipios por 123 millones.
Trabas administrativas frenan la reconstrucción local
Según informa elEconomista.es, la patronal valenciana de contratistas de obra pública Fecoval estima que cerca del 95% de los fondos para reconstruir los municipios afectados por la DANA sigue sin licitarse, pese a que el dinero llegó en marzo de 2025 a 74 ayuntamientos valencianos y a la Diputación.El sector atribuye el retraso al volumen de proyectos y trámites necesarios para reparar colegios, centros sociales, instalaciones deportivas y parques. Antes de iniciar las obras, los consistorios deben remitir al Ministerio de Política Territorial una relación valorada de actuaciones para su aprobación, y sólo después pueden redactar los proyectos técnicos y licitarlos o encargarlos a Tragsa.
En su último balance semanal, la Comisión Interministerial creada para la DANA cifra en 1.400 millones de euros y 1.100 proyectos las actuaciones ya validadas. Sin embargo, esa aprobación no implica el arranque inmediato de los trabajos, y las empresas sostienen que las licitaciones salen a un ritmo muy limitado.
La información de la plataforma de contratación del sector público refleja esa escasez. En Catarroja, uno de los municipios más afectados, sólo constan tres concursos por algo más de 800.000 euros para actuaciones como la retirada de contenedores soterrados o la pavimentación de calles, mientras que en Paiporta no figuran licitaciones recientes vinculadas a estos fondos especiales.
Presión para cambiar las normas de contratación
Tanto los municipios como las patronales empresariales coinciden en que el problema es de capacidad administrativa más que de financiación. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana pide un régimen específico para la reconstrucción tras catástrofes, al considerar que los procedimientos ordinarios no responden a una situación extraordinaria.La presidenta de CEV en la provincia de Valencia, Eva Blasco, señala que, tras finalizar la fase de emergencia, actuaciones todavía pendientes, como la reconstrucción de colegios, vuelven a tramitarse con toda la burocracia habitual. Los ayuntamientos sostienen que cada proyecto exige memorias técnicas, valoraciones, supervisiones, informes, fiscalización y contratación, una carga especialmente difícil para administraciones con recursos limitados.
En Catarroja, con un presupuesto anual de 29 millones de euros, el volumen de inversiones a gestionar supera ampliamente esa cifra. El municipio ya advirtió el pasado verano de que, al ritmo actual, la recuperación podría prolongarse durante años, y defiende un sistema específico que evite tanto la contratación de emergencia indefinida como la plena vuelta a los procedimientos ordinarios.
El recurso a Tragsa tampoco resuelve por completo el atasco. Hasta agosto, los consistorios valencianos sólo habían trasladado 59 expedientes para obras por 86 millones de euros, con un peso muy concentrado en Catarroja, que suma 20 encargos y 53 millones; además, varios municipios usan a la empresa estatal sobre todo para redactar proyectos e informes previos.
Fecoval sostiene que este modelo añade un intermediario que después subasta y subcontrata los trabajos, con posible presión al alza sobre los costes en un contexto de elevada demanda de servicios de construcción en la provincia. La patronal vincula también ese efecto al aumento de licitaciones desiertas por falta de ofertas.
Otra área pendiente es la de las redes de agua y saneamiento, entre las infraestructuras más dañadas por las inundaciones. Para estas actuaciones, el Gobierno aprobó 438 millones de euros adicionales y parte de esos fondos se canaliza directamente a los operadores, que asumen la preparación técnica y las licitaciones; Global Omnium anunció el mes pasado adjudicaciones en 28 municipios por 123 millones.
En nuestra publicación ya analizamos la nueva instrucción 2/2026 de la Generalitat Valenciana para acelerar la tramitación de proyectos energéticos, concentrando la validación de expedientes de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas en la Dirección General de Energía y Minas. El objetivo era recortar plazos de meses a semanas mediante la eliminación de pasos intermedios, manteniendo las garantías legales y ambientales, con la expectativa de impulsar inversión y competitividad en la región.
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