Los servicios públicos de empleo reducen su tasa de colocación en España y quedan por debajo de 2007

Los servicios públicos de empleo reducen su tasa de colocación en España y quedan por debajo de 2007
Colocación pública cae

La intermediación directa de las oficinas de empleo en España vuelve a mostrar una capacidad limitada para conectar demandantes y vacantes. En octubre, solo 7,28 de cada 1.000 inscritos encuentran trabajo por esta vía, un nivel inferior al de hace un año y muy por debajo del registrado antes de la crisis financiera.

Destacados

  • La tasa de colocación del SEPE en octubre de 2026 cayó un 16,2% interanual a 7,28 por cada 1.000 demandantes, ubicándose un 52,6% por debajo de octubre de 2007.
  • El auge de los fijos discontinuos y el aumento de demandantes con relación laboral al 19,1% distorsionan la estadística y reducen mecánicamente la tasa agregada.
  • Las vacantes notificadas caen un 49% respecto a 2007 hasta 46.867, mientras la proporción de vacantes cubiertas fuera del sector público baja al 61,5%.

Evolución de la intermediación y efecto de la reforma laboral

Como informó elEconomista, la serie histórica de la Estadística de Empleo del SEPE sitúa en octubre de 2026 la tasa de colocación de las oficinas en 7,28 por cada 1.000 demandantes, equivalente a 30.635 colocaciones entre 4,21 millones de inscritos. El dato cae un 16,2% interanual y se sitúa un 52,6% por debajo del nivel de octubre de 2007, cuando la ratio alcanzaba 15,36 por cada 1.000.

La trayectoria refleja un deterioro de largo plazo, con un descenso hasta 4,32 en 2012, una recuperación a 8,36 en 2019 y un avance a 8,62 en 2022, ya con la reforma laboral de 2021 en vigor. Tras la aprobación de la nueva Ley de Empleo en febrero de 2023, diseñada para reforzar la eficiencia de las políticas activas, la tasa baja a 7,87 en octubre de ese año, repunta a 8,69 el año pasado y vuelve a retroceder este octubre.

Parte de la distorsión procede del auge de los fijos discontinuos. La sustitución de contratos temporales por este modelo multiplica las reincorporaciones mediante llamamientos, sin nueva oferta ni nuevo contrato, por lo que esas vueltas al trabajo no pasan por la oficina de empleo. Al mismo tiempo, crece el volumen de demandantes con relación laboral, que ya representan el 19,1% del total en septiembre de 2026, frente al 5,4% de 2019, lo que rebaja mecánicamente la tasa agregada al calcularse sobre todos los inscritos.

Si se excluye a quienes mantienen una relación laboral, la comparación mejora frente a 2019, aunque no implica que las oficinas coloquen a más personas. Aun así, el descenso de octubre también aparece con esa medición, con una caída del 14,9% respecto al mismo mes de 2025, en un contexto de menor entrada de ofertas y de menor claridad estadística sobre cuántas colocaciones corresponden realmente a desempleados sin trabajo.

Menos vacantes, mayor peso público y fuertes diferencias regionales

La debilidad del sistema también responde a la escasez de vacantes comunicadas por las empresas. La Ley de Empleo de 2023 recoge la obligación de informar de las vacantes a los servicios públicos, una medida que AIReF reclama desde 2019, pero su aplicación sigue pendiente de un reglamento y no contempla sanciones, por lo que en la práctica la comunicación continúa siendo voluntaria.

En octubre, empresas y administraciones notifican 46.867 vacantes, un 49% menos que en el mismo mes de 2007, mientras el número de inscritos aumenta un 39,5%. Eso deja 11,1 puestos ofertados por cada 1.000 demandantes, frente a 30,5 en 2007. Entre los parados, la ratio también cae con fuerza, hasta 19,7 vacantes por cada 1.000, frente a 45,6 antes de la crisis financiera.

Las vacantes públicas sostienen una parte relevante de la actividad de intermediación. En los últimos doce meses, la Administración pública cubre el 93,2% de los puestos que comunica, mientras en el resto de sectores la proporción baja al 61,5%, por debajo del 71,0% de media de 2019. En agricultura, además, el paso de temporales a llamamientos reduce con fuerza la utilización de las oficinas, con una caída de la proporción de vacantes agrarias cubiertas del 98,0% en 2019 al 61,4% en los últimos doce meses.

El contraste territorial es especialmente marcado. Extremadura registra en octubre 35,77 colocaciones por cada 1.000 demandantes y Andalucía 10,89, frente a 2,71 en Cataluña. Entre ambas concentran el 50,9% de las colocaciones gestionadas por oficinas con solo el 27,6% de los inscritos, impulsadas por programas públicos de empleo agrario y por contratos vinculados a administraciones locales, lo que refuerza la idea de que la intermediación funciona sobre todo allí donde la normativa obliga a canalizar la contratación a través de la oficina.

De cara a 2027, el Gobierno debe aprobar el reglamento de una tasa oficial de intermediación prevista en la ley. Hasta entonces, el mercado laboral español sigue sin un indicador oficial que mida con precisión cuántos demandantes logran empleo gracias a los servicios públicos, en un entorno en el que el peso de la contratación pública y el efecto de los fijos discontinuos complican la lectura real de la eficacia del sistema.

Anteriormente, esbozamos las claves de la adaptación SEPE debatida en una jornada europea sobre resiliencia, digitalización e inclusión.

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