Madrid amplía edificabilidad para impulsar hasta 18.000 viviendas protegidas adicionales

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Hace 9 horas

Madrid amplía edificabilidad para impulsar hasta 18.000 viviendas protegidas adicionales — Viviendas protegidas en alza

La Comunidad de Madrid activa una nueva vía para elevar la oferta de vivienda asequible en suelos ya previstos para uso residencial mediante más densidad y más altura edificable. La norma permite aumentar hasta un 20% la edificabilidad y hasta un 30% la densidad en parcelas de vivienda protegida, con un margen de hasta dos plantas extra y aplicación condicionada a cada ayuntamiento.

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La nueva Ley de Medidas Urgentes en Madrid permite construir hasta 18.000 viviendas protegidas adicionales sin modificar el planeamiento urbanístico vigente.
Los promotores pueden elevar edificios hasta dos plantas más, deben pedir licencia en dos años y terminar obras en los tres años siguientes a su obtención.
Asprima estima que en cuatro años se podrían activar 120.000 nuevas viviendas en Madrid, la mitad protegidas, destacando la simplificación administrativa y grandes desarrollos como Valdecarros y Madrid Nuevo Norte.

Alcance de la ley y plazos de aplicación

Según elEconomista, la nueva Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública permitirá facilitar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas protegidas en la región sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente.

La medida se aplica a parcelas sin edificar calificadas para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y también a redes públicas sin desarrollar destinadas a ese mismo uso. Para materializar la edificabilidad adicional, la norma autoriza elevar los edificios hasta un máximo de dos plantas, mientras los promotores deben solicitar las licencias en un plazo de dos años y ejecutar las obras en los tres años posteriores.

Los ayuntamientos disponen de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley para decidir si la aplican íntegramente, la limitan o renuncian a ella. Si no adoptan ningún acuerdo, el nuevo régimen entra en vigor automáticamente.

Impacto en los desarrollos y visión del sector

Desde la Asociación de Promotores de Madrid, Asprima, su presidenta Carolina Roca considera que el potencial de la medida es relevante y calcula que durante los próximos cuatro años podrían entrar en carga cerca de 120.000 viviendas en la Comunidad de Madrid, aproximadamente la mitad de ellas protegidas. Roca destaca que el peso estará en grandes desarrollos como los del Sureste, pero también en otros ámbitos como Arpo en Pozuelo, Brunete o Retamar de la Huerta.

La patronal subraya además que la principal diferencia frente a iniciativas similares en otras comunidades autónomas es la simplificación administrativa, al no exigir la tramitación de un instrumento urbanístico adicional. En el sector promotor prevalece el optimismo sobre la respuesta municipal, con la expectativa de que los gobiernos locales se alineen con la normativa autonómica.

En Valdecarros, que proyecta más de 51.600 viviendas, de las que 28.000 tendrán algún tipo de protección, su gerente Domingo Menéndez señala que la redensificación puede ser positiva si se ejecuta de forma equilibrada, aunque ve prematuro medir sus efectos concretos. Desde Madrid Nuevo Norte, con 10.500 viviendas previstas y 2.563 unidades protegidas sobre una edificabilidad de 217.918 m2, su consejero delegado Ignacio Morales afirma que el proyecto tiene capacidad para absorber un eventual aumento residencial sin problemas de infraestructuras.

Por su parte, Luis Cesteros, gerente de la Junta de Compensación de Los Berrocales, cree que la medida puede generar actividad y favorecer nuevas promociones de vivienda protegida, especialmente por el interés de cooperativas, aunque duda de que resuelva el problema estructural de acceso a la vivienda.

El stock de viviendas vacías en España y la despoblación rural fue un tema que ya abordamos en una publicación anterior, al señalar que coexisten 3,8 millones de inmuebles desocupados con una fuerte presión de acceso a la vivienda en las grandes ciudades. En ese análisis explicamos cómo la pérdida de población erosiona la base fiscal municipal y acelera el cierre de servicios esenciales, agravando la brecha entre la España metropolitana y la rural. También subrayamos que las respuestas eficaces deben integrar vivienda, empleo, servicios públicos y políticas demográficas para corregir el desequilibrio territorial.

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