Nueva Zelanda amplía la financiación del STDF para respaldar el comercio seguro en economías en desarrollo
Nueva Zelanda aporta NZ$300.000 al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio para reforzar los sistemas de inocuidad alimentaria y de sanidad animal y vegetal en países en desarrollo y países menos adelantados. La financiación también se dirige a las economías del Pacífico y respalda un uso más amplio de las normas internacionales y las herramientas digitales de comercio vinculadas a las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Destacados
- Nueva Zelanda ha ampliado su contribución financiera al Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) para ayudar a los países en desarrollo a aplicar medidas SPS internacionales y herramientas digitales para un comercio más seguro.
- La financiación respaldará proyectos que implementen sistemas como ePing y la certificación e-SPS para reducir los tiempos y costes comerciales, con especial atención a las asociaciones en las economías insulares del Pacífico.
- Desde su creación, el STDF ha financiado más de 275 proyectos y subvenciones, reforzando la capacidad SPS, promoviendo el comercio inclusivo y apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en economías en desarrollo.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
La financiación respalda la capacidad SPS y las herramientas digitales
Según informó la Organización Mundial del Comercio, la nueva contribución tiene como objetivo ayudar a los gobiernos y a las partes interesadas del sector privado a aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias, SPS, de conformidad con las normas internacionales y el Acuerdo SPS de la OMC. La financiación también apoyará proyectos que refuercen los enfoques regionales basados en el riesgo y pongan a prueba nuevas herramientas digitales para facilitar un comercio seguro.La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, afirma que la contribución ayudará a los países en desarrollo a mejorar la transparencia e implementar herramientas como ePing y la certificación e-SPS. Señala que el trabajo del STDF reduce el tiempo y el coste del comercio, al tiempo que crea oportunidades para agricultores, empresas y consumidores.
Vangelis Vitalis, secretario adjunto de Comercio y Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, afirma que Wellington respalda especialmente el trabajo con los países insulares del Pacífico. Añade que unos sistemas SPS más sólidos y una aplicación más eficaz de las normas internacionales pueden ayudar a construir economías resilientes, ampliar las oportunidades comerciales y respaldar el desarrollo sostenible.
Impacto más amplio en el comercio y el desarrollo
La contribución también amplía el alcance de Nueva Zelanda para compartir conocimientos especializados en SPS a través de la asociación STDF y apoyar soluciones escalables para los países en desarrollo, junto con beneficios para los participantes del sector privado y los consumidores de todo el mundo. La OMC afirma que la asociación genera beneficios para gobiernos, empresas y consumidores, al tiempo que respalda el acceso a alimentos seguros y asequibles y contribuye a la seguridad alimentaria.El STDF reúne a organizaciones que trabajan en comercio, agricultura y salud para reforzar la capacidad SPS en países en desarrollo y países menos adelantados. La asociación fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Grupo del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la OMC, que la alberga y administra.
Vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el STDF afirma que su labor promueve un comercio seguro e inclusivo, al tiempo que respalda el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la resiliencia frente al cambio climático. Desde su creación, el fondo ha financiado más de 275 proyectos y subvenciones para la preparación de proyectos.
Nuestro informe anterior sobre la ofensiva del Gobierno filipino contra el contrabando de productos agrícolas y pesqueros explicó cómo el Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación formalizaron un pacto de coordinación para mejorar el intercambio de información, las investigaciones y el apoyo a los procesos judiciales. El artículo también destacó el creciente volumen de casos en virtud de las leyes contra el contrabando y aduaneras, subrayando cómo unos controles más sólidos pueden proteger las cadenas de suministro de alimentos y a los productores nacionales.
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