España afronta un ultimátum de Bruselas para reforzar el delito de malversación de fondos de la UE
La Comisión Europea eleva la presión regulatoria sobre España por no adaptar plenamente su marco penal a las normas comunitarias de protección del presupuesto europeo. El Ejecutivo comunitario concede dos meses para corregir las deficiencias detectadas y advierte de que, si no hay cambios, puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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- Bruselas ha dado a España un plazo de dos meses para reforzar la tipificación penal de la malversación de fondos de la UE, advirtiendo del posible traslado al Tribunal de Justicia si no cumple.
- La Comisión Europea señala que el Código Penal español prevé penas máximas de prisión por malversación inferiores a las fijadas por la directiva PIF, que exige hasta cuatro años cuando el daño supera los 100.000 euros.
- La aplicación incompleta de la normativa antifraude mantiene abiertas incertidumbres regulatorias para la gestión y el control de los fondos comunitarios en España, alertó la Comisión Europea.
Plazo de dos meses para corregir el marco penal
Según El Economista, citando a la Comisión Europea, Bruselas ha enviado a las autoridades españolas una carta de emplazamiento, el segundo paso del procedimiento de infracción abierto por la falta de transposición completa de la normativa europea de lucha contra el fraude y contra los intereses financieros de la Unión Europea.La legislación comunitaria debía haberse incorporado al ordenamiento nacional antes del 6 de julio de 2019. Con este nuevo aviso, la Comisión da a España un plazo de dos meses para subsanar las irregularidades; si el Gobierno no actúa dentro de ese periodo, el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario sostiene que el Código Penal español no tipifica de forma adecuada la malversación de fondos de la UE y que las penas máximas de prisión previstas son inferiores a las exigidas por la normativa europea.
Riesgos regulatorios para la gestión de fondos europeos
Bruselas ya había advertido a España en diciembre de 2021, cuando abrió el procedimiento de infracción por deficiencias relacionadas con la definición del delito de corrupción. En su comunicado de este jueves amplía el foco e incluye también incumplimientos vinculados a la malversación de recursos europeos.La llamada directiva PIF fija criterios comunes para perseguir delitos que afectan al presupuesto de la UE, entre ellos fraude, malversación, corrupción y blanqueo de capitales. La norma establece que los delitos que causen un perjuicio económico considerable a la financiación europea deben poder castigarse con penas de hasta cuatro años de prisión, umbral que se aplica cuando el daño supera los 100.000 euros.
La Comisión subraya que este marco constituye uno de los pilares de la legislación antifraude europea, por lo que su aplicación incompleta en España mantiene abierto un frente regulatorio con impacto directo sobre el control y la protección de los fondos comunitarios.
Anteriormente, discutimos el avance parlamentario de la Cuenta europea inversión y su desarrollo normativo pendiente en España.
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