De los sobornos a las memecoins: cómo las criptomonedas están cambiando la corrupción

Las criptomonedas prometían hacer que el dinero fuera más transparente. En la práctica, han proporcionado nuevas herramientas para la corrupción que permiten mover millones de dólares al margen de los canales bancarios tradicionales. Pero este sistema tiene un punto débil: el dinero digital deja un rastro casi imposible de borrar.

Cuando la blockchain supervisa la contratación pública

En 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un informe importante sobre la lucha contra la corrupción en más de 50 países. Sus autores concluyeron que, en muchos países, el problema no es la ausencia de leyes anticorrupción, sino su aplicación práctica.

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Pero guardamos todo 🙂.

La contratación pública sigue siendo una de las áreas más vulnerables. Los Gobiernos la utilizan para comprar medicamentos y construir carreteras, escuelas e infraestructuras, adjudicando contratos por sumas enormes. Solo en los países de la OCDE, la contratación pública representa alrededor del 13% del PIB. Según las estimaciones citadas por la organización, la corrupción y la mala gestión pueden causar la pérdida de entre el 8% y el 25% de la inversión pública en todo el mundo.

La OCDE considera que las tecnologías digitales pueden ayudar a identificar operaciones sospechosas. Por ejemplo, los sistemas pueden detectar cuándo una empresa gana un número inusualmente elevado de licitaciones, cuándo participan repetidamente muy pocos postores o cuándo un funcionario concreto adjudica contratos de forma habitual a los mismos proveedores. Sin embargo, estas herramientas todavía se utilizan a una escala limitada. De los 40 países estudiados, solo la mitad utiliza el análisis de datos, la IA, la blockchain u otras tecnologías digitales para identificar riesgos en la contratación pública. El análisis de datos se utiliza en 16 países, mientras que solo tres utilizan IA.

La blockchain es aún menos común. El único ejemplo específico citado en el estudio es Perú. Desde 2019, el organismo gubernamental Perú Compras registra en una blockchain los pedidos de catálogos electrónicos y las ofertas de los proveedores. Estos registros son más difíciles de alterar sin ser detectados, mientras que la autenticidad de los documentos puede comprobarse mediante un código QR.

Los sobornos se han vuelto digitales

Pero la misma tecnología que ayuda a los Gobiernos a registrar transacciones y verificar documentos también ha proporcionado a los actores corruptos una nueva forma de transferir dinero. Un soborno ya no requiere necesariamente efectivo, una cuenta bancaria o una empresa offshore. Las criptomonedas pueden enviarse directamente a una wallet en cuestión de minutos.

Uno de los ejemplos más destacados involucra al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, él y sus asociados autorizaron un pago en criptomonedas de alrededor de 40 millones de dólares destinado a funcionarios chinos. El objetivo era conseguir la liberación de cuentas de criptomonedas de Alameda Research por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares.

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Pero guardamos todo 🙂.

También ha habido casos más directos. En 2022, los fiscales estadounidenses acusaron a dos agentes de inteligencia chinos de intentar sobornar a un empleado del Gobierno de Estados Unidos. Le pagaron alrededor de 41.000 dólares en Bitcoin a cambio de un documento confidencial. En realidad, el receptor colaboraba con el FBI, por lo que el pago pasó a formar parte de las pruebas del caso.

Otro problema surge cuando los funcionarios utilizan criptomonedas para explicar el origen de su patrimonio. Por ejemplo, alguien puede afirmar que compró Bitcoin hace muchos años, cuando valía decenas o cientos de veces menos. Verificar una afirmación así es más difícil que comprobar una cuenta bancaria o un inmueble: los investigadores necesitan la fecha de compra, la dirección de la wallet y el historial de transacciones.

Cuando un token permite acceder a un político

Pero enviar criptomonedas a la wallet de otra persona está lejos de ser la única forma de beneficiarse de ellas. Si un político o entidades vinculadas a él lanzan su propio token, las partes interesadas pueden comprar el activo en el mercado. Esa compra no constituye un soborno por sí misma, pero puede crear un conflicto de intereses, especialmente si los holders del token obtienen acceso al político.

El ejemplo más destacado es la memecoin TRUMP, lanzada poco antes de la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025. Varios meses después, el equipo del proyecto invitó a los 220 mayores holders del token a una cena con el presidente en su club de golf de Virginia. Los mayores inversores recibieron privilegios adicionales, incluido el acceso a una recepción privada.

La situación generó preocupación entre los demócratas y los expertos en ética. Argumentaron que los compradores de tokens, incluidos inversores extranjeros, podían invertir grandes sumas en un activo vinculado al presidente y, al mismo tiempo, obtener la oportunidad de reunirse con él en persona. Al mismo tiempo, las identidades de los titulares de wallets de criptomonedas no se revelan de la misma manera que la información sobre las donaciones políticas tradicionales.

En 2026, este debate sobre el conflicto de intereses pasó a formar parte de la disputa más amplia sobre la regulación de las criptomonedas. Durante los debates sobre la CLARITY Act, los senadores propusieron prohibir que los funcionarios federales electos y sus cónyuges emitieran activos digitales, además de exigir que vendieran sus grandes tenencias de criptomonedas o las depositaran en un fideicomiso ciego. Donald Trump aceptó algunas de estas restricciones, aunque persistieron los desacuerdos sobre sus activos de criptomonedas.

Un rastro que no se puede ocultar

Los esquemas relacionados con las criptomonedas tienen una característica que el efectivo no posee: la mayoría de las transacciones en blockchains públicas todavía pueden consultarse años después. La red registra las direcciones del remitente y del destinatario, el importe y la hora de la transferencia. No se muestra el nombre del propietario de la wallet, pero los investigadores pueden vincular una dirección con una persona mediante exchanges de criptomonedas, transacciones bancarias, dispositivos incautados y otros datos.

Estos métodos ya se utilizan en la práctica. En 2026, la Guardia di Finanza de Italia destapó un esquema relacionado con más de 1 millón de euros en beneficios no declarados de criptomonedas. Los investigadores empezaron con la hardware wallet del sospechoso, reconstruyeron la cadena de transacciones y vincularon algunas transferencias con exchanges centralizados. Estos elementos pueden ayudar a los investigadores a pasar de una dirección anónima a un propietario concreto.

Los delincuentes complican constantemente los rastros del dinero trasladando fondos entre distintas blockchains, dividiendo las transacciones en importes más pequeños y utilizando servicios de blanqueo de criptomonedas. Según Chainalysis, las direcciones de criptomonedas ilícitas conocidas recibieron al menos 154.000 millones de dólares en 2025, un 162% más que el año anterior. Pero incluso una larga cadena de transacciones permanece en la blockchain y puede reconstruirse años después.

Sin embargo, la blockchain solo muestra el movimiento del dinero. No puede determinar si una transferencia de 1 millón de dólares fue una inversión, el pago por un servicio o un soborno a un funcionario. Los investigadores todavía deben identificar a los propietarios de las wallets y demostrar que el dinero se transfirió a cambio de una decisión o un servicio concretos. Las criptomonedas por sí solas no pueden detener la corrupción: solo cambian la forma en que se transfiere el dinero. Pero, a diferencia del efectivo, las blockchains públicas conservan un rastro digital al que los investigadores pueden volver incluso años después.