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El 19 de diciembre de 2025, el Consejo de la Unión Europea acordó su posición respecto al euro digital, apoyando el lanzamiento simultáneo de la funcionalidad en línea y fuera de línea. La decisión elimina una incertidumbre clave y lleva el proyecto de moneda digital del banco central (CBDC) de la UE a una fase de aplicación práctica, desde la arquitectura hasta los límites y plazos.
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
Con el telón de fondo de la disminución de la proporción del efectivo en los pagos cotidianos y el creciente papel de la infraestructura privada de pagos, la UE está acelerando los trabajos sobre el euro digital como forma de dinero público en el entorno digital. Formalmente, el efectivo sigue siendo un medio de pago universal; sin embargo, en la práctica, un número cada vez mayor de transacciones se procesan a través de bancos, redes de tarjetas y plataformas fintech, concentrando el control de los pagos en manos de un número limitado de agentes privados.
Dentro de esta lógica, el euro digital no se posiciona como sustituto de las cuentas bancarias ni como alternativa a las criptodivisas. Su función principal es complementar el efectivo y proporcionar a los ciudadanos y a las empresas acceso al dinero del banco central en forma digital, independientemente de los modelos de negocio de los proveedores de pagos específicos. Esta es la razón por la que la funcionalidad offline se convirtió en una cuestión clave desde el principio del debate: sin ella, el euro digital no podría servir como полноценний instrumento de pago público.
El apoyo al lanzamiento simultáneo del euro digital en las modalidades online y offline se convirtió en un compromiso entre dos planteamientos que competían entre sí desde hacía tiempo. Por un lado, la plena integración en el ecosistema de pagos existente a través de bancos y servicios de pago. Por otro, la creación de un equivalente digital del efectivo con un mayor nivel de autonomía y privacidad.
En la modalidad en línea, el euro digital contempla un modelo de distribución a través de intermediarios financieros que interactúan con los usuarios pero no controlan los fondos por sí mismos. Esto permite integrar la nueva moneda en la infraestructura existente sin remodelar radicalmente el mercado. El modo offline, por su parte, está pensado para transacciones directas de dispositivo a dispositivo sin acceso inmediato al sistema central, lo que minimiza el intercambio de datos y acerca el nivel de privacidad al del efectivo.
Para el Banco Central Europeo (BCE), este modelo, por un lado, complica la implementación técnica y requiere restricciones claramente definidas, en particular, límites al almacenamiento y al gasto fuera de línea. Por otro lado, esta arquitectura es precisamente lo que impide que el euro digital se convierta en un instrumento de pago electrónico más y le permite funcionar como medio de liquidación universal en diferentes condiciones económicas y técnicas.
En la práctica, la decisión de un lanzamiento simultáneo elimina la principal incertidumbre que rodeaba al proyecto: la UE ya no elige entre comodidad y autonomía, sino que intenta integrar ambas propiedades en el modelo básico del euro digital.
El BCE finalizó su fase de investigación en 2023, y en octubre de 2025 concluyó la fase preparatoria y pasó a la fase de preparación técnica. Ésta no se refiere a la emisión del euro digital en sí, sino a la creación de las condiciones en las que sería posible un lanzamiento sin riesgos sistémicos. En esta fase, los trabajos se centran en la arquitectura del libro mayor, los mecanismos de pago fuera de línea, los límites de tenencia y el papel de los intermediarios financieros.
Al mismo tiempo, los reguladores se concentran en los riesgos: posibles salidas de depósitos de los bancos, repercusiones en la estabilidad financiera y los límites de la privacidad. En este contexto, el Consejo de la UE ha apoyado la introducción de límites a la cantidad de euros digitales en los monederos electrónicos. El BCE fijará los parámetros específicos, pero el umbral máximo global se revisará a nivel político al menos una vez cada dos años. Con ello se pretende evitar que el euro digital se utilice como instrumento de ahorro.
El avance del proyecto depende del proceso legislativo. La Comisión Europea ya ha propuesto un reglamento, pero la decisión final debe ser tomada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Según las estimaciones actuales, la aprobación podría completarse en 2026.
Si la decisión es positiva, las pruebas piloto y las transacciones iniciales podrían tener lugar a partir de mediados de 2027, mientras que el posible lanzamiento del euro digital para uso generalizado se baraja en un horizonte de 2029. Desde el punto de vista financiero, el proyecto cuenta ya con unos parámetros claros: el BCE estima que los costes de desarrollo hasta la primera emisión ascenderán aproximadamente a 1.300 millones de euros, con unos costes operativos posteriores de unos 320 millones de euros anuales, mientras que la adaptación de los sistemas bancarios podría costar entre 4.000 y 5.800 millones de euros.
En un contexto más amplio, el euro digital forma parte del Paquete de la Moneda Única, un conjunto de medidas encaminadas a reforzar el papel del euro como moneda nacional y mundial. El apoyo a un lanzamiento simultáneo en línea y fuera de línea indica un planteamiento estratégico del diseño, pero los plazos siguen siendo prudentes. El euro digital ha dejado de ser una hipótesis, pero no se ha convertido a corto plazo en una herramienta para los escenarios de pago cotidianos.
Para los usuarios, el euro digital - si se lanza - se convertirá en otra forma de realizar pagos en euros junto con el efectivo y las transferencias bancarias. A diferencia de las stablecoins emitidas por empresas privadas y respaldadas por reservas y normas de circulación propias, el euro digital será una forma de dinero del banco central y funcionará dentro de un marco regulador unificado de la UE.
Otra distinción clave es la posibilidad prevista de utilizarlo tanto en línea como fuera de línea, reduciendo la dependencia de una conexión estable a Internet y del funcionamiento de servicios de pago específicos.
Por otra parte, la UE y el BCE están incorporando parámetros destinados a proteger la estabilidad financiera y definir normas de uso: límites a la tenencia de euros digitales en carteras en línea, mayores requisitos de privacidad para los pagos fuera de línea y condiciones normalizadas de acceso a través de intermediarios financieros. En definitiva, no se trata de sustituir los instrumentos existentes, sino de introducir una opción de pago adicional regulada a escala de la UE con normas de uso y protección del consumidor claramente definidas.