España afronta cautividad económica laboral, el 76% sigue en un empleo que no le gusta
La presión sobre los ingresos y el encarecimiento de la vivienda están condicionando de forma directa las decisiones laborales de millones de trabajadores en España. Un informe sobre el mercado laboral español sitúa además el desempleo, la movilidad limitada y la discriminación por edad entre los factores que reducen la libertad profesional.
Destacados
- El 76% de los trabajadores en España permanece en empleos que no le gustan por necesidad económica, según Robert Walters.
- Solo un 17% de los empleados está satisfecho tanto con su empleo como con el salario, y un 49% dice que las subidas salariales no compensan la inflación.
- El 61% de los encuestados necesitaría aumentar sus ingresos mensuales entre 300 y 500 euros netos para lograr estabilidad financiera, mientras solo el 17% ahorra más de 1.000 euros al mes.
Informe sobre salario, vivienda y permanencia laboral
Según un informe de Robert Walters, consultora global de búsqueda y selección especializada, cerca de 20 millones de trabajadores en España se mueven en un entorno en el que el 76% permanece en un puesto que no le gusta por necesidad económica. El estudio sostiene que la economía personal se ha convertido en el principal motor de las decisiones laborales y analiza no solo datos empresariales, sino también factores socioeconómicos y macroeconómicos.La presión financiera no solo retiene a los empleados en puestos no deseados, sino que también impulsa salidas. Más de la mitad, un 56,32%, afirma haber dejado un trabajo en el que se sentía realizado para buscar un salario mayor, un fenómeno especialmente concentrado entre los menores de 35 años.
La vivienda aparece como uno de los elementos más determinantes en este proceso. El 47% de quienes abandonaron un empleo por razones económicas lo hizo por el coste del alquiler o por la necesidad de ahorrar para comprar una casa, mientras que otro 26% señala el aumento general del coste de vida como detonante. En este contexto, el 79% de los encuestados está dispuesto a dejar su empleo si su situación financiera lo permite y un 56% admite sentirse anclado a su puesto por su nivel de gastos y estilo de vida.
Impacto en contratación, ahorro y movilidad
El informe también refleja un fuerte estigma en torno al desempleo en España. Un 68% de los profesionales dice haber sido despedido alguna vez, un 40% asegura haberse sentido discriminado en un proceso de selección por estar en paro y un 74% considera más difícil buscar trabajo desde el desempleo.Ese contexto alimenta conductas defensivas en el mercado laboral. Tres de cada diez profesionales reconocen haber ocultado información sobre su trayectoria por miedo a que no se entendieran sus cambios, mientras que el acceso al empleo sigue dependiendo en gran medida de redes personales: el 68% considera que los contactos y referencias son la mejor vía para encontrar trabajo, por delante de consultoras y headhunters, con un 17%, y de las redes sociales de empleo, con un 13%.
Entre las personas ocupadas, un 62% afirma que le gusta su trabajo, pero cree que sus condiciones económicas son mejorables, y solo un 17% se muestra satisfecho tanto con su empleo como con su salario. Además, solo un 28% dice haber mejorado su situación financiera en los últimos cinco años, frente a un 49% que afirma que las revisiones salariales no compensan la inflación y un 22% que asegura que su empresa no ha tomado medidas.
La capacidad de ahorro también sigue muy limitada: un 40% no puede ahorrar o guarda menos de 200 euros al mes y solo un 17% logra apartar más de 1.000 euros mensuales. Apenas un 22% considera tener estabilidad financiera real, mientras que un 61% necesitaría entre 300 y 500 euros netos más al mes y un 12% requeriría 750 euros o más.
El estudio añade que la movilidad geográfica tampoco funciona todavía como válvula de ajuste del mercado. Solo el 13% tiene libertad para buscar empleo en cualquier región, un 30% cambiaría de ciudad pero no puede por motivos profesionales y el 55% vive y trabaja en la ciudad que desea. A ello se suma el edadismo, ya que el 53% afirma haberse sentido discriminado por su edad y la proporción sube al 75% a partir de los 40 años.
En nuestra publicación analizamos el subsidio para mayores de 52 años y el endurecimiento de sus requisitos desde el 1 de noviembre de 2024, alineándolos con los de la jubilación contributiva salvo la edad. Explicamos que la ayuda (480 euros al mes, el 80% del IPREM) exige, entre otros criterios, 15 años cotizados —con dos en los últimos 15— y al menos seis años cotizados por desempleo, lo que puede dejar fuera a parte de los parados sénior con trayectorias laborales discontinuas.
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