Seguridad Social impulsa cambios en bajas laborales junto al decreto de jubilación parcial del sector público

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Ezequiel Gomes

21.04.2026

Seguridad Social impulsa cambios en bajas laborales junto al decreto de jubilación parcial del sector público — Nuevas reglas en bajas laborales

El Gobierno retoma este lunes la negociación sobre incapacidad temporal tras corregir el ajuste aplicado a la pensión máxima de quienes se jubilaron anticipadamente desde enero. El nuevo movimiento se vincula al desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral del sector público, una norma que los sindicatos exigen aprobar de inmediato tras más de un año paralizada.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara un real decreto-ley que introduce cambios legales en bajas por incapacidad temporal y protección de viudedad para parejas de hecho no registradas.
El decreto desbloquea la jubilación parcial del personal laboral en el sector público permitiendo contratar interinos como relevistas, revertiendo el bloqueo previsto desde abril de 2025.
La temporalidad en el sector público alcanzó el 26,8% en el último trimestre de 2025, 18,8 puntos por encima del objetivo de la Unión Europea.

Decreto para reabrir la negociación social

Según ha adelantado elEconomista.es, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé incorporar en un real decreto-ley sobre jubilación parcial del personal laboral cambios con rango de ley en materia de bajas por incapacidad temporal y mejoras en la protección de viudedad de las parejas de hecho no registradas.

La reanudación de las conversaciones con CCOO, UGT y CEOE llega después de que el Ejecutivo aceptara una de las principales condiciones sindicales, sacar adelante la norma que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral, frenada desde abril de 2025. Los sindicatos también reclaman que ese mismo texto abra la puerta a funcionarios y personal estatutario, mediante cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público que figuraban en la Ley de Función Pública aún congelada en el Congreso.

Entre las medidas que el ministerio quiere recuperar figuran la reincorporación progresiva al trabajo tras una incapacidad temporal en pacientes oncológicos y la posibilidad de que las personas con varios empleos permanezcan de baja solo en uno de ellos. Tanto sindicatos como patronal habían cuestionado en borradores previos el diseño de ambas propuestas, al considerar que pueden generar problemas de encaje laboral y organizativo.

Impacto en el empleo público y cobertura de plazas

El decreto también desbloquea la jubilación parcial del personal laboral al permitir la contratación de interinos como relevistas, la figura que sustituye al trabajador que reduce su jornada en la fase previa al retiro definitivo. Con ello, el Ejecutivo busca resolver el bloqueo generado desde la entrada en vigor, el 1 de abril de 2025, de la reforma que exigía para ese relevista un contrato indefinido a tiempo completo y una duración mínima de dos años tras concluir el proceso de jubilación parcial.

En el sector privado, ese requisito supone principalmente un trámite de contratación, pero en las administraciones públicas había paralizado el mecanismo porque obligaba a cubrir la plaza mediante oferta de empleo público y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. El documento debatido entre Hacienda, Economía, Trabajo y Seguridad Social plantea que cada administración disponga de instrumentos de planificación de recursos humanos para prever estas jubilaciones parciales.

La disposición adicional añade que la oferta de empleo público del año en que se produzca la jubilación deberá incluir el número de plazas autorizadas con carácter temporal y, si no es posible, incorporarlas en la siguiente convocatoria. La medida también se enmarca en el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público, que en el último trimestre de 2025 se situaba en el 26,8%, 18,8 puntos por encima del nivel marcado por la Unión Europea.

En nuestra publicación analizamos el endurecimiento de la jubilación anticipada en 2026 por la subida gradual de la edad ordinaria de retiro, con recortes de hasta el 21% para quienes adelantan la salida y no alcanzan 38 años y 6 meses cotizados. También explicamos los incentivos a la jubilación demorada, como el aumento del 4% anual en la prestación o el pago único por cada año trabajado tras la edad legal.

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