La construcción lidera los retrasos de pago a pymes en España

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Ciaran Ryan

11.05.2026

La construcción lidera los retrasos de pago a pymes en España — Construcción y morosidad pymes

El deterioro de los plazos de cobro sigue presionando la liquidez de las pequeñas empresas españolas, con un impacto especialmente intenso en actividades de construcción. Al cierre de 2025, el Periodo Medio de Pago nacional se sitúa en 80,5 días, todavía un 34% por encima del límite legal de 60 días.

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La construcción lidera los retrasos de pago entre pymes en España con un Periodo Medio de Pago de 96,5 días al cierre de 2025.
El coste financiero de la deuda comercial empresarial alcanza 5.568 millones de euros en 2025, de los que cerca de 2.000 millones afectan a pymes, pese a la reducción de tipos.
El porcentaje de facturas abonadas puntualmente cae al 30,4% en 2025 y el sector construcción muestra un índice de morosidad un 55% superior a la media nacional.

Plazos de pago y coste financiero en 2025

Según el Observatorio de la Morosidad del segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme y publicado por El Economista, el sistema de pagos comerciales consolida una mejora estructural en los últimos cinco años, aunque mantiene niveles de demora elevados para una parte relevante del tejido empresarial. La construcción encabeza los mayores retrasos entre las pymes, con un Periodo Medio de Pago de 96,5 días al cierre de 2025, en niveles no vistos desde principios de 2024.

El informe recoge que el PMP acumula un descenso cercano al 4% desde 2019, antes de la pandemia, lo que permite cerrar 2025 en 80,5 días. Sin embargo, las pequeñas empresas se desmarcan de esa tendencia y elevan ligeramente sus plazos hasta 78,9 días, mientras las microempresas siguen como el segmento más vulnerable, con un índice de morosidad un 17% superior a la media nacional y con el 10,7% de sus facturas cobradas con más de 30 días de retraso respecto al vencimiento.

Por ramas de actividad, además de la construcción, la maquinaria y equipo también muestra tensiones, con un PMP de 88,8 días y registros por encima de 85 días en los tres últimos años. En sentido contrario, los servicios y la industria mejoran sus ciclos de pago hasta 70,6 y 74,3 días, respectivamente.

El coste financiero de sostener la deuda comercial alcanza 5.568 millones de euros al cierre de 2025, de los que cerca de 2.000 millones recaen sobre las pymes. Aunque la cifra baja desde los 6.404 millones del primer trimestre por el recorte de tipos, Cepyme advierte de que el esfuerzo sigue limitando la capacidad de inversión empresarial.

La reducción del tipo de interés de demora, del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, y el abaratamiento de los nuevos préstamos bancarios para pymes compensan parcialmente el aumento de la deuda comercial. También influye el ajuste de las grandes empresas, que recortan 32,1 días sus plazos interanuales y sitúan su PMP en 69,4 días, frente a los 101,5 de finales de 2024, lo que empuja el promedio nacional por debajo de 81 días por primera vez de forma sostenida.

Diferencias regionales y presión estructural sobre las microempresas

El mapa autonómico refleja una evolución desigual de la morosidad empresarial en España. Ocho comunidades autónomas mejoran su PMP en 2025, con los descensos más acusados en Baleares y La Rioja, mientras Extremadura registra el mayor deterioro anual al aumentar sus plazos en 5,3 días.

Madrid presenta el PMP más elevado, con 90,9 días, por delante de Murcia, con 89,1, y Galicia, con 88,7. En el extremo opuesto, Aragón, con 68,7 días, y Baleares, con 69,0, figuran entre las regiones con mayor agilidad en los cobros.

El porcentaje de facturas abonadas puntualmente cae al 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% de un año antes, aunque los importes cobrados a más de 90 y 120 días se reducen. Al mismo tiempo, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo sube de 52,9 a 54,1 puntos en el cuarto trimestre, impulsado por el sector agroalimentario y por la construcción, cuyo indicador se sitúa un 55% por encima de la media nacional.

Cepyme sostiene que la morosidad sigue siendo un grave problema estructural, pese a que el porcentaje de ventas que requiere prórroga permanece en niveles mínimos del 0,34%. La patronal avisa de que la incertidumbre en materias primas y energía puede frenar nuevas mejoras a corto plazo y mantener la brecha entre grandes corporaciones, que optimizan liquidez, y microempresas, que continúan operando con retrasos que comprometen su sostenibilidad.

En paralelo, el Gobierno constituyó en julio de 2025 el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para reforzar el control de los plazos de pago y promover buenas prácticas. El órgano consultivo debe elaborar un informe anual, proponer actuaciones, seguir directrices europeas y apoyar medidas de transparencia, incluida la publicación de listados de empresas incumplidoras y mecanismos de resolución de conflictos.

En nuestra publicación ya abordamos la propuesta del PP en el Parlament de Cataluña para impulsar una Ley de Crecimiento Empresarial orientada a reducir trabas burocráticas y revisar umbrales regulatorios que frenan el salto de escala de las pymes. En ese análisis se subrayaba que las cargas administrativas y los costes pesan especialmente sobre microempresas y compañías cercanas a ciertos límites (como el de 50 empleados), afectando a su productividad, su capacidad de inversión y la creación de empleo.

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