La CNMC plantea reforzar las garantías de las comercializadoras eléctricas en España
El regulador español propone endurecer las condiciones de acceso y permanencia de las comercializadoras eléctricas tras varios episodios de insolvencia en el sector. La revisión llega después de que el sistema eléctrico acumule cerca de 250 millones de euros en impagos en los últimos años y de la inhabilitación de 39 empresas entre 2022 y 2025.
Destacados
- La CNMC propone exigir un capital social mínimo y prohibir el acceso a comercializadoras preconcursales, inhabilitadas o sin requisitos para operar en España.
- Entre 2022 y 2025, 39 comercializadoras fueron inhabilitadas y generaron impagos al sistema eléctrico de casi 250 millones de euros no cubiertos por garantías.
- La CNMC recomienda que cualquier incumplimiento, y no solo la falta de garantías, impida captar nuevos clientes, instando a la pronta aprobación del procedimiento correspondiente.
Requisitos de solvencia y control de acceso
Según CNMC, citando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el procedimiento actual de alta ha facilitado la entrada de nuevas compañías, pero parte de esas incorporaciones ha generado problemas a consumidores y al propio sistema eléctrico por falta de solvencia financiera o de medios técnicos.En un reciente informe, la CNMC señala que propone asimilar las exigencias españolas a las de otros países europeos, especialmente tras la crisis de altos precios de 2021 y 2022. Entre sus recomendaciones figura exigir un capital social desembolsado mínimo para operar, además de impedir el acceso a empresas en fase preconcursal o concursal, a firmas previamente inhabilitadas y a sociedades que no hayan cumplido las condiciones requeridas.
El regulador también plantea evaluar los antecedentes de administradores y directivos para evitar nuevas irregularidades e incumplimientos. Junto a ello, considera esencial desarrollar el mecanismo previsto en el Real Decreto 88/2026 para que los comercializadores depositen garantías ante los operadores del mercado y del sistema por posibles impagos de compras, liquidaciones, peajes y cargos.
Impacto para el sistema eléctrico y vigilancia continua
Entre 2022 y 2025, 39 comercializadoras fueron inhabilitadas por incumplir los requisitos legales, una situación que derivó en impagos de las liquidaciones del operador del sistema no cubiertos con garantías por un importe cercano a 250 millones de euros. A esas cantidades se sumaron además deudas con las distribuidoras por el impago de peajes de acceso a la red y otros cargos.El Real Decreto 88/2026 ya refuerza los requisitos e incorpora nuevas obligaciones sobre capacidad técnica y económica, pero la CNMC sostiene que todavía hacen falta medidas adicionales. Entre ellas, propone exigir medios técnicos suficientes, recursos humanos cualificados y un plan de previsión de suministro y aprovisionamiento que permita verificar la viabilidad de cada comercializadora.
Como novedad introducida por ese real decreto, las empresas que no dispongan de las garantías exigidas no pueden captar nuevos clientes. La CNMC plantea extender esa restricción a cualquier incumplimiento, no solo a la falta de garantías, para lo que considera necesaria la rápida aprobación del correspondiente procedimiento de operación.
En nuestra publicación anterior sobre la impugnación de la CNMC al decreto balear de taxi y VTC, explicamos que el supervisor llevó a los tribunales varios requisitos de acceso y de ejercicio de la actividad por considerarlos innecesarios y potencialmente restrictivos. Señalamos que, a su juicio, estas medidas podían elevar barreras de entrada, reducir la oferta y terminar perjudicando a consumidores y usuarios, especialmente en escenarios de alta demanda.
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