CCOO y UGT plantean endurecer el fin de contratos en periodo de prueba en España

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José Antonio Gastélum

07.04.2026

CCOO y UGT plantean endurecer el fin de contratos en periodo de prueba en España — Sindicatos proponen cambios laborales

CCOO y UGT presentan este martes una propuesta conjunta remitida al Gobierno en el marco de la consulta sobre la transposición de la directiva europea de condiciones transparentes y previsibles de trabajo, con la que buscan que las empresas deban justificar por qué extinguen un contrato durante el periodo de prueba. La iniciativa forma parte de una agenda sindical más amplia sobre despido, vivienda y garantías laborales, y llega mientras el Ministerio de Trabajo espera reactivar una mesa de negociación de la que CEOE se desmarcó en su primera reunión.

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CCOO y UGT proponen que las empresas justifiquen documentalmente las rupturas de contratos en periodo de prueba, añadiendo causalidad y transparencia para reducir usos fraudulentos.
Las centrales sindicales buscan reforzar las causas y garantías en despidos tras el periodo de prueba, reclamando salarios de tramitación, indemnización mínima y compensaciones fijadas por tribunales.
El rechazo de la CEOE dificulta un pacto con el Ministerio de Trabajo sobre reformas, lo que implica más exigencias documentales, mayor coste laboral y posible aumento de litigiosidad para las empresas.

Propuesta sindical ligada a la reforma laboral pendiente

El planteamiento de los sindicatos se centra en "causalizar" la ruptura del contrato en periodo de prueba, de forma que la empresa tenga que concretar qué expectativas del puesto no alcanza el trabajador. Ahora, el Estatuto de los Trabajadores permite extinguir la relación sin alegar motivo ni preaviso, con un plazo de hasta seis meses para titulados y de dos meses para el resto de asalariados. CCOO y UGT sostienen que este margen gana relevancia desde la reforma laboral de 2022, cuando el contrato indefinido se extiende frente al temporal y aumentan estas extinciones, lo que alimenta sospechas de uso fraudulento.

Los sindicatos vinculan este cambio a la transposición de una directiva que el Ministerio de Trabajo tiene pendiente desde hace casi cuatro años. En sus alegaciones al real decreto, defienden que si el trabajador debe conocer desde el inicio los términos básicos de la prestación de servicios, también debe saber cuáles son los elementos que pueden llevar a no superar el periodo de prueba. El vicesecretario general de Acción Sindical de UGT, Fernando Luján, sostiene que una transposición correcta debe recoger esa información básica.

Despido, indemnizaciones y papel sindical en la negociación

La propuesta también plantea reforzar las causas del despido una vez superado el periodo de prueba, tanto en los ceses por causa empresarial justificada como en los improcedentes. Además, CCOO y UGT quieren fortalecer el papel de los representantes de los trabajadores para garantizar la audiencia previa en los despidos por causa objetiva, después de que el Tribunal Supremo ya haga obligatoria esa audiencia en los ceses improcedentes. Con ello, las centrales buscan ampliar la fiscalización sobre las decisiones empresariales de extinción contractual.

El documento incorpora además posiciones que ambos sindicatos ya defienden ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en Estrasburgo, donde denuncian que la regulación española del despido incumple la Carta Social Europea. Entre sus reclamaciones figuran recuperar los salarios de tramitación, fijar una indemnización mínima y permitir que los tribunales establezcan compensaciones que reparen el daño causado. Estas demandas se trasladan ahora al Ministerio de Trabajo como base para una eventual reforma legislativa.

Impacto regulatorio y choque con la patronal

La iniciativa se enmarca en un debate más amplio sobre cómo adaptar la normativa laboral española a exigencias europeas y a la doctrina reciente de los tribunales. Trabajo quiere utilizar el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales como punto de partida para revisar la regulación del despido, pero el Tribunal Supremo ya indica que la vía para introducir indemnizaciones adicionales pasa por una reforma legal. Eso eleva el peso de la negociación política y parlamentaria en cualquier cambio normativo.

En el frente empresarial, CEOE no comparte el criterio del Ministerio y ya abandona la mesa en su primera reunión, lo que complica una salida pactada. Si prosperan las tesis sindicales, las empresas afrontarán un mayor nivel de justificación documental en las extinciones durante el periodo de prueba y en otros despidos, con potencial efecto sobre costes laborales, litigiosidad y supervisión inspectora. El debate afecta de lleno al mercado laboral español, especialmente tras la expansión del contrato indefinido desde la reforma de 2022.

En nuestra publicación informamos sobre el plan del Ministerio de Trabajo para aprobar en las próximas semanas un nuevo real decreto sobre el registro de jornada, manteniendo el núcleo de la reforma pese a las observaciones del Consejo de Estado. El texto planteaba una entrada en vigor rápida y un calendario de adaptación de seis meses para la digitalización, con el objetivo de reforzar el control efectivo del tiempo de trabajo y modernizar el sistema vigente desde 2019.

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