Madrid rechaza recortar a 35 horas la jornada de sus funcionarios por el coste

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Emilio Ghigini

23.04.2026

Madrid rechaza recortar a 35 horas la jornada de sus funcionarios por el coste — Madrid mantiene 37,5 horas

La Asamblea de Madrid bloquea este jueves la proposición de ley de Más Madrid para reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios regionales. El rechazo, apoyado por la mayoría del PP, mantiene el actual marco laboral en la administración autonómica y centra el debate en el impacto presupuestario y de plantilla de una eventual reforma.

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Madrid rechaza reducir a 35 horas la jornada de los funcionarios por un coste estimado de hasta 1.000 millones de euros y posible pérdida de 17.000 puestos equivalentes a tiempo completo.
La propuesta de reducción, ya implementada en la Administración General del Estado, enfrenta críticas por falta de memoria económica detallada y riesgo para el funcionamiento del sistema público sin refuerzo de personal.
Cerca del 20% de la plantilla pública de Madrid se jubilará en cinco años, agravando la preocupación por sostenibilidad organizativa y cobertura de servicios antes que reducir horas laborales.

Debate político sobre el coste y la plantilla

Según informa elEconomista.es, la iniciativa llega al Pleno sin apenas opciones de prosperar tras el rechazo expresado la semana pasada por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. La propuesta de Más Madrid busca extender a la administración autonómica un modelo ya aplicado en la Administración General del Estado, mientras el Gobierno regional sostiene que su memoria económica no concreta el gasto asociado.

Albert afirma que la reducción a 35 horas en la Administración General del Estado supone "perder 17.000 puestos a tiempo completo" y asegura que algunos expertos cifran su coste en 1.000 millones de euros. La consejera critica además que la proposición no contempla sustituciones suficientes y advierte de que una rebaja de jornada sin refuerzo de personal afectaría al funcionamiento del sistema público.

En defensa de la medida, la diputada de Más Madrid Esther Rodríguez sostiene que la sociedad mejora cuando gana "derechos, tiempos de vida y bienestar". A su juicio, la reducción de jornada también responde a criterios de igualdad y corresponsabilidad, porque las jornadas largas no impactan de la misma manera sobre todos los trabajadores.

El socialista Daniel Rubio respalda igualmente la iniciativa y vincula la rebaja horaria aplicada en la Administración General del Estado a una negociación compleja con garantías para mantener la calidad de los servicios públicos. También recuerda que otros gobiernos autonómicos y locales adoptan medidas similares y atribuye el veto en Madrid a la posición del PP regional.

Impacto para la administración madrileña

Desde el PP, la diputada Ainhoa García Jabonero cuestiona que se impulse la propuesta sin un estudio oficial sobre su impacto económico. La parlamentaria sostiene que, al tratarse de una medida con un coste elevado, resulta imprescindible evaluar con detalle sus efectos antes de trasladarla a la Comunidad de Madrid.

García Jabonero añade que el contexto demográfico de la plantilla pública agrava el debate, ya que cerca del 20% de los empleados se va a jubilar en cinco años y una parte relevante del personal supera ya los 50 años. Ese escenario, según el PP, obliga a priorizar la sostenibilidad organizativa y la cobertura de servicios antes de reducir el tiempo de trabajo.

Vox también se opone a la iniciativa, aunque desde un enfoque distinto. La diputada Ana Cuartero afirma que el problema de la Comunidad no es la falta de recursos, sino la falta de decisión política, y reclama que los derechos de los empleados públicos estén por delante de otros gastos que su formación vincula a la inmigración irregular.

En nuestra publicación informamos sobre el bloqueo en la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2026 para la Administración General del Estado, después de que UGT, CCOO y Csif rechazaran la propuesta por llegar sin cifras concretas sobre las plazas necesarias. También señalamos que siguen pendientes de ejecución convocatorias de 2023, 2024 y 2025, en un contexto de servicios tensionados, mientras Función Pública se comprometió a activar en un plazo aproximado de dos meses las ofertas acumuladas y a pedir informes donde la cobertura caiga por debajo de umbrales críticos.

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