AlianzAS impulsa cambios en contratos públicos para repercutir alzas del SMI

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Emilio Ghigini

01.06.2026

AlianzAS impulsa cambios en contratos públicos para repercutir alzas del SMI — Cambios en contratos públicos

La revisión de los contratos públicos vuelve al centro del debate político y empresarial por el impacto de las subidas del salario mínimo en actividades esenciales intensivas en mano de obra. Yolanda Díaz mantiene su apoyo a una reforma legal que permita trasladar esos mayores costes a las administraciones en servicios como comedores, ayuda a domicilio o mantenimiento de instalaciones públicas.

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AlianzAS y Yolanda Díaz impulsan en el Congreso una reforma para permitir revisar al alza los precios de contratos públicos ante subidas del SMI.
La proposición de ley presentada por Sumar a inicios de 2025 para modificar la Ley de Contratos Públicos sigue bloqueada sin toma en consideración.
El sector, que maneja el 48% de los contratos públicos y emplea a 1,5 millones, alega riesgos de inviabilidad y precarización laboral si no se flexibilizan los precios.

Respaldo político y reforma pendiente

Como publicó elEconomista.es, la plataforma AlianzAS se presenta este lunes en el Congreso de los Diputados junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reforzar su demanda de revisar los precios de los contratos públicos cuando sube el SMI.

Díaz se compromete a seguir trabajando para cambiar la Ley de Contratos Públicos y permitir que las empresas que gestionan servicios públicos puedan repercutir incrementos imprevistos de costes, ya sea por actualizaciones del salario mínimo, aumentos de cotizaciones sociales o eventuales cambios normativos. La ministra enmarca la restricción actual en una normativa desarrollada durante la crisis financiera y sostiene que esa lógica de austeridad ya no responde a la realidad de estos contratos.

El grupo parlamentario de Sumar registró a principios de 2025 una proposición de ley para paliar esta situación, aunque la iniciativa sigue parada al no haberse sometido a toma en consideración. La organización empresarial respalda el grueso del texto, aunque considera necesario introducir matices para adaptarlo mejor a la operativa del sector.

Presión sobre Hacienda e impacto sectorial

La patronal sostiene que el relevo en el Ministerio de Hacienda, ahora con Arcadi España al frente, abre una nueva ventana para intentar desbloquear una reivindicación que el departamento rechazó en los últimos años. Javier Sigüenza, presidente de AlianzAS, señala que la plataforma ya está en contacto con el gabinete del ministro para concertar una reunión y explorar si existe margen para modificar la normativa aprobada por el Partido Popular en 2015.

Según la plataforma, estas compañías concentran alrededor del 48% de los contratos públicos, en su mayoría de pequeño tamaño y muy vinculados a ayuntamientos. Hacienda venía alegando precisamente el posible impacto de asumir ese sobrecoste laboral en las administraciones locales, mientras que los empresarios defienden que la imposibilidad de revisar precios deteriora la viabilidad de los contratos.

AlianzAS cifra en unos 1,5 millones los trabajadores empleados por estas actividades y cuenta además con el respaldo de CCOO y UGT. Los sindicatos sostienen que este límite dificulta la negociación colectiva y está contribuyendo a precarizar el empleo en sectores esenciales.

En nuestra publicación anterior sobre los procedimientos de infracción de la Comisión Europea contra España, explicamos que el país cerró el año con 48 expedientes abiertos y que el foco de Bruselas se intensifica en áreas como mercado único, digitalización y transición energética. También señalamos que una parte relevante de estos casos se concentra en medio ambiente, transporte y empleo, lo que refleja fricciones regulatorias persistentes y la necesidad de ajustar la normativa nacional a los estándares comunitarios.

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