Euskadi estima en 200 millones el impacto del shock energético por la crisis de Ormuz

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Dan Blystone

Hace 10 horas

Euskadi estima en 200 millones el impacto del shock energético por la crisis de Ormuz — El coste energético en alza

El encarecimiento energético ligado a la crisis en el estrecho de Ormuz eleva la presión sobre la industria vasca y reabre el debate sobre medidas de apoyo permanentes. El Gobierno Vasco sitúa ese sobrecoste en 200 millones de euros y defiende reforzar la competitividad industrial en un contexto de incertidumbre geopolítica y debilidad europea.

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Euskadi estima un coste de 200 millones de euros por el shock energético derivado de la crisis de Ormuz, según el Consejo Vasco de Industria.
El volumen de proyectos de I+D en la industria vasca sube un 17% en 2025, mientras la inversión movilizada casi se duplica hasta 505 millones de euros.
El Gobierno Vasco acuerda aumentar en más del 40% la potencia de la red eléctrica de transporte en la propuesta de Planificación de Redes Eléctricas 2025-2030.

Medidas de apoyo y balance industrial

Según informa elEconomista.es, el Consejo Vasco de Industria pide convertir en estructurales las medidas coyunturales incluidas en el Real Decreto aprobado para paliar el impacto del conflicto de Oriente Medio sobre la factura eléctrica. En la reunión celebrada este lunes en el campus de Zamudio del Parque Tecnológico de Euskadi, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, señala que el shock energético ya supone un coste de 200 millones de euros para Euskadi.

Jauregi sostiene que, pese a la incertidumbre geopolítica y a la debilidad económica europea, la industria vasca muestra resiliencia por su apuesta por la innovación y el empleo industrial. El Gobierno Vasco prevé que la economía vasca crezca un 1,9% este año y un 1,6% en 2027, mientras el empleo alcanza un récord de 1.042.000 trabajadores y Euskadi contabiliza 185.000 empleos industriales en mayo de 2026.

El Ejecutivo autonómico también repasa los avances del Plan de Industria-Euskadi 2030, articulado en torno a los ejes de más industria, mejor industria y menos emisiones, a los que Jauregi añade más colaboración y menos burocracia. Dentro de esa estrategia, la Alianza Financiera Vasca impulsa operaciones de arraigo empresarial como las de Talgo, Ayesa o Uvesco, compañías que suman una facturación anual de 2.468 millones de euros y 7.900 empleos.

Inversión en I+D y red eléctrica

En el área de innovación, la industria vasca incrementa el volumen de proyectos de I+D presentados, que en el último ejercicio ascienden a 1.050, un 17% más que en 2024. La dotación pública del programa Hazitek sube un 86%, de 91 a 169 millones de euros, mientras la inversión total movilizada en I+D casi se duplica, al pasar de 264 millones en 2024 a 505 millones en 2025.

En paralelo, la mesa de expertos insiste en elevar la capacidad de las redes eléctricas para apoyar la descarbonización y la actividad industrial. El Gobierno Vasco afirma que logra un acuerdo para aumentar en más del 40% la potencia de la red eléctrica de transporte de Euskadi dentro de la propuesta de Planificación de Redes Eléctricas 2025-2030, todavía en tramitación.

El balance presentado en el Consejo se produce además después de la creación, en febrero de 2025, del Grupo para la Defensa Industrial, constituido para articular una respuesta común ante riesgos externos como la política arancelaria de Donald Trump. Según los datos expuestos, el PIB industrial vasco pasa de 19.979 millones de euros en 2023 a 20.958 millones en la actualidad.

En nuestra publicación anterior sobre el nuevo marco de la UE para el control de inversiones extranjeras, explicamos cómo el Consejo dio luz verde a una norma que endurece el escrutinio de operaciones en sectores sensibles como IA, semiconductores, energía, transporte y telecomunicaciones. El objetivo es armonizar criterios entre países, proteger activos estratégicos y reducir dependencias en un contexto de tensiones comerciales y disrupciones en la cadena de suministro. La medida entrará en vigor 18 meses después de su publicación y mantiene la decisión final en manos de los gobiernos nacionales.

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