Castilla y León eleva la presión política por la investigación en Soria
La investigación abierta en el Ayuntamiento de Soria intensifica el choque político en Castilla y León tras las detenciones practicadas en el marco de la causa. La controversia se centra ahora en si el líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, conoció con antelación el registro en el consistorio cuando aún mantenía una estrecha vinculación con el gobierno municipal.
Destacados
- El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exige explicaciones a Carlos Martínez sobre si recibió información privilegiada antes del registro en el Ayuntamiento de Soria.
- La investigación judicial, que ha llevado a la detención de seis personas incluyendo a la edil Yolanda Santos, apunta a presunto tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
- El Grupo Popular intensifica la presión política al considerar posible violación de secretos y no descarta acciones legales ante la presunta filtración previa sobre la operación policial.
Exigencias de explicaciones sobre el aviso previo
Según informa elEconomista.es, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exige a Carlos Martínez que aclare si recibió información "privilegiada" sobre la investigación en el Ayuntamiento de Soria, después de que el dirigente socialista precisara que tuvo conocimiento de la intervención en la mañana del martes, día del registro, y no el lunes, como se había apuntado previamente en algunas informaciones.Mañueco sostiene que sería "gravísimo" que desde algún ámbito del Gobierno de Pedro Sánchez se hubiera facilitado con antelación esa información al líder del PSOE en Castilla y León. Aunque insiste en su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia, recalca que los hechos investigados, entre ellos presunto tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, son "extremadamente graves".
El presidente autonómico reclama que alguien dé explicaciones por lo ocurrido en una causa que inicialmente lleva a la detención de seis personas, entre ellas la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos. Martínez fue alcalde de Soria hasta el pasado abril, un vínculo que aumenta la relevancia política de cualquier aclaración sobre cuándo y cómo conoció la actuación judicial y policial.
El PP endurece su discurso y estudia acciones
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, refuerza la ofensiva política al exigir explicaciones por lo que califica de "chivatazo" sobre el registro en el Ayuntamiento de Soria. En rueda de prensa, afirma que Martínez puede aclarar con sus llamadas y mensajes quién le avisó y cuándo, y llega a señalar una posible violación de secretos.García recuerda además la relación de Martínez con el consistorio soriano, del que fue regidor durante dos décadas, y subraya que Yolanda Santos era una edil de su "confianza". También cuestiona si ese conocimiento previo pudo dar margen para avisar a personas cercanas en el Ayuntamiento o incluso para una posible destrucción de pruebas, mientras el PP no descarta emprender acciones, incluidas las legales.
La dirigente popular rechaza la explicación trasladada por el PSCyL en un comunicado nocturno en el que se sostiene que Martínez supo de la investigación el martes por la mañana a través del Ayuntamiento. A su juicio, tanto si conoció el registro el lunes como si fue el martes, el asunto tiene impacto político e institucional por afectar a una investigación sobre la gestión de recursos públicos en Soria y en Castilla y León.
En nuestra información anterior sobre el rechazo parlamentario a la Declaración del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de 2024, explicamos que la Comisión Mixta Congreso-Senado devolvió el informe por primera vez y pidió al órgano fiscalizador elaborar uno nuevo en un plazo de tres meses. También destacamos las críticas a la falta de Presupuestos actualizados y el foco en el uso de fondos Next Generation para cubrir pagos de pensiones ante la ausencia de créditos presupuestarios.
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