La Agencia Tributaria activa una macrooperación contra el fraude de inmobiliarias en seis comunidades

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Emilio Ghigini

Hace 1 horas

La Agencia Tributaria activa una macrooperación contra el fraude de inmobiliarias en seis comunidades — Macrooperación por fraude inmobiliario

El repunte de la actividad inmobiliaria en España coincide con un mayor escrutinio fiscal sobre las agencias que median en compraventas y alquileres. La Agencia Tributaria inicia hoy una operación coordinada en doce provincias de seis comunidades autónomas ante indicios de cobros en efectivo no declarados y otras irregularidades.

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La Agencia Tributaria lanza la operación 'Insulae' con inspecciones a 49 sociedades y 18 personas físicas vinculadas al sector inmobiliario en seis comunidades.
El operativo moviliza a más de 170 funcionarios que inspeccionan 41 locales distribuidos entre Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana.
Las investigaciones se centran en comisiones e ingresos no declarados, cobros irregulares a inquilinos y pagos fuera de nómina detectados tras denuncias previas.

Despliegue inspector y alcance de la operación Insulae

Según una nota de prensa de Hacienda, la operación ‘Insulae’ pone en marcha comprobaciones inspectoras sobre 49 sociedades y empresarios, además de 18 personas físicas vinculadas, entre socios, administradores y familiares. El operativo incluye la personación de funcionarios de la Agencia Tributaria en 41 locales repartidos entre Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana.

La actuación está coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria y moviliza a más de 170 funcionarios del Área de Inspección, con apoyo de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los locales intervenidos se distribuyen en 7 en Andalucía, 1 en Baleares, 4 en Canarias, 5 en Cataluña, 5 en Madrid y 19 en Comunitat Valenciana.

Las denuncias previas recibidas apuntan a posibles comisiones cobradas en efectivo y no declaradas, así como a otros ingresos presuntamente ocultos vinculados a la intermediación inmobiliaria. Entre las prácticas bajo revisión figuran también cobros irregulares a inquilinos prohibidos por la Ley de Vivienda, pagos no declarados por informes o visitas y bonus abonados a comerciales fuera de nómina.

Los controles de Hacienda sobre las operaciones en efectivo en bancos y comercios fueron el foco de un artículo anterior de nuestra publicación, donde explicamos que, aunque no existe un tope legal general para ingresar o retirar dinero, sí se activan obligaciones de identificación y comunicación. En concreto, desde 1.000 euros el banco debe identificar al cliente y, a partir de 3.000 euros, reportar la operación con detalle a la Agencia Tributaria, con especial atención a movimientos con billetes de 500 euros por su mayor nivel de riesgo.

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