Castilla y León reclama 4.600 millones al Gobierno por la financiación de la dependencia

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José Antonio Gastélum

Hace 11 horas

Castilla y León reclama 4.600 millones al Gobierno por la financiación de la dependencia — Castilla y León exige fondos

La Junta de Castilla y León eleva la presión sobre el Gobierno central por la financiación del sistema de dependencia y reclama una deuda acumulada de más de 4.600 millones de euros. El Ejecutivo autonómico sostiene que el aumento aprobado para 2026 no aporta estabilidad al modelo ni compensa los importes asumidos por la comunidad durante años.

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Castilla y León reclama al Gobierno el pago de 4.631.711.373 euros por la infrafinanciación estatal de la atención a la dependencia.
La Junta advierte que la financiación extraordinaria anunciada no ofrece seguridad para las 128.000 personas dependientes y cifra la deuda generada en la legislatura en 664.397.759 euros.
El consejero de Sanidad y Bienestar Social propone un modelo de financiación similar al del País Vasco que garantice el 50 % de todo el gasto certificado y cubra hasta 2027.

Reclamación por la deuda y dudas sobre el decreto

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el pago de 4.631.711.373 euros por la infrafinanciación estatal de la atención a la dependencia en la comunidad.

Vázquez sostiene que el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para elevar su aportación hasta el 50 % no resuelve el problema estructural de financiación, no garantiza la estabilidad del sistema a medio y largo plazo y tampoco cubre el esfuerzo presupuestario que Castilla y León ha venido asumiendo en ejercicios anteriores por el incumplimiento estatal.

El consejero recuerda que la comunidad lleva años exigiendo que el Estado cumpla con la Ley estatal, que fija esa aportación del 50 %. A su juicio, el hecho de que el aumento llegue ahora, sin presupuestos generales y mediante decreto, refuerza la desconfianza sobre la continuidad del esquema de financiación.

Impacto presupuestario y propuesta alternativa

La Junta advierte de que la financiación anunciada tiene carácter extraordinario y no ofrece seguridad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, especialmente en un contexto de presupuestos prorrogados desde 2023. Además, subraya que la deuda acumulada no queda anulada por este incremento puntual, y cifra en 664.397.759 euros la cuantía generada durante la actual legislatura.

Como alternativa, Vázquez propone un modelo similar al pactado entre el Gobierno y el País Vasco, al margen del decreto recientemente publicado. Ese esquema, según explica, no solo garantiza el 50 % del nivel mínimo, sino el 50 % de todo el gasto certificado y, además, asegura financiación para 2027.

El Ejecutivo autonómico también expresa su preocupación por el encaje presupuestario del nuevo modelo de dependencia cuya ley sigue en tramitación. En su opinión, el carácter temporal del decreto no contempla la evolución real del coste de los servicios y prestaciones ni el aumento de trabajadores previsto por el propio ministerio para los próximos años.

En nuestro artículo anterior sobre el plan de apoyo de la Junta de Castilla y León al medio rural, detallamos el refuerzo del Fondo de Cohesión Territorial desde 2027 y la duplicación de ayudas a bares rurales que también funcionen como pequeño comercio. También recogimos la presión de la Junta y la FRMP para impulsar una reforma urgente de la financiación local y la aprobación del Estatuto del Pequeño Municipio, con el objetivo de sostener servicios básicos en localidades pequeñas y dispersas.

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