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Hace 1 horas

AIReF pide limitar el uso del Fondo de Contingencia para gastos recurrentes en España — AIReF advierte uso excesivo

La revisión de los riesgos fiscales en España sitúa de nuevo el foco en la gestión presupuestaria del Gobierno y en la capacidad de reserva ante desembolsos no previstos. En 2025, más del 71% del uso del Fondo de Contingencia se destina a gastos que no responden a imprevistos, según la autoridad fiscal.

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AIReF reclama restringir el Fondo de Contingencia para evitar que casi la mitad de su importe financie gastos recurrentes, preservando reservas para necesidades imprevistas.
El coste acumulado de desastres naturales y otros eventos excepcionales en España alcanza 65.085 millones de euros entre 2005 y 2025, elevando la urgencia de estrategias públicas de gestión de riesgos.
Las acciones legales contra el Estado superan 14.400 millones de euros de impacto en el déficit, mientras el pasivo de empresas públicas alcanza el 9% del PIB en 2024 según análisis de AIReF.

Advertencias sobre el fondo y la planificación fiscal

Según la Segunda Opinión sobre riesgos fiscales de la AIReF, publicada este miércoles, el organismo reclama restringir el uso del Fondo de Contingencia para gastos recurrentes y preservar su función principal de cubrir desembolsos imprevistos y no discrecionales.

La institución señala que desde 2024 coexisten el Fondo de Contingencia ordinario y el específico para la Dana, pero constata que el fondo ordinario sigue dedicando una parte relevante de sus recursos a financiar gasto no imprevisto. En promedio, estas categorías comprometen cerca de la mitad del importe asignado en los Presupuestos Generales del Estado, lo que, a juicio del organismo, limita la capacidad de respuesta ante necesidades verdaderamente excepcionales.

En el plano macroeconómico, la AIReF considera necesario que la planificación fiscal incorpore análisis de sensibilidad y escenarios que permitan evaluar posibles desviaciones respecto a las previsiones centrales. Para ello, propone añadir análisis de errores de previsión como herramienta para reforzar la anticipación presupuestaria.

Impacto de desastres, litigios y empresas públicas

Entre los riesgos identificados, la AIReF destaca los desastres naturales por su doble impacto económico, tanto por la reparación de daños como por las compensaciones a los afectados. La institución indica que los eventos más frecuentes en España son sequías, incendios forestales, inundaciones y fenómenos meteorológicos, y estima que el coste acumulado de los principales desastres naturales y otros eventos excepcionales asciende a 65.085 millones de euros entre 2005 y 2025, a precios de 2023.

Ante ese escenario, plantea mejorar las fuentes de información sobre desastres naturales, hacer explícito su coste fiscal, crear una base de datos específica y elaborar estrategias públicas de gestión de estos riesgos tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas.

La Segunda Opinión también incluye las acciones legales contra el Estado, que tienen un impacto conjunto sobre el déficit público superior a 14.400 millones de euros. Además de actualizar y recopilar la información existente, la AIReF pide reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos, adoptar una estrategia judicial proactiva y crear una base de datos centralizada sobre las principales sentencias con posible efecto en el déficit.

El organismo incorpora por primera vez un análisis de las empresas públicas desde la perspectiva del riesgo de reclasificación sectorial. Ha estudiado más de 1.600 entidades, con un pasivo conjunto equivalente al 9% del PIB en 2024, y propone que la Intervención General de la Administración del Estado o el Comité Técnico de Cuentas Nacionales hagan públicos los motivos de las reclasificaciones cuando se produzcan y que las administraciones identifiquen de forma proactiva las entidades con mayor riesgo.

En un artículo anterior, informamos sobre el nuevo real decreto ley anticrisis que el Gobierno preparaba para sostener a empresas y hogares ante el impacto económico de la escalada de tensiones en Oriente Medio. Detallamos que el plan buscaba evitar que decayeran las medidas vigentes, incluyendo ayudas directas (como para fertilizantes) y alivios en costes energéticos para sectores como la industria electrointensiva, a la vez que se negociaba su convalidación en el Congreso.

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