Castilla y León reclama reiniciar desde cero la reforma de la financiación autonómica

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Emilio Ghigini

Hace 2 horas

Castilla y León reclama reiniciar desde cero la reforma de la financiación autonómica — Castilla y León exige nueva reforma

En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, Castilla y León endurece su posición y exige al Gobierno central que retire la propuesta actual para abrir una nueva negociación. La comunidad sostiene que el modelo debe pactarse de forma multilateral entre todas las autonomías y no a partir de acuerdos bilaterales que, a su juicio, ponen en riesgo la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

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El consejero Carlos Fernández Carriedo exige al Gobierno central retirar su propuesta y reiniciar desde cero la reforma de la financiación autonómica con consenso multilateral.
El actual modelo, prorrogado desde 2014, no se ajusta a la realidad tras crisis, pandemia y nuevas demandas públicas, según la Junta de Castilla y León.
El PSOE propone un sistema que aportaría al menos 270 millones de euros adicionales al año a Castilla y León, mientras PP y Vox rechazan el modelo del Gobierno por perjudicar a la región.

Postura de la Junta y calendario de la negociación

Según informa elEconomista.es, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que retire su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica y reinicie el proceso desde cero con la participación de todas las comunidades autónomas.

Durante su intervención en las Cortes, Carriedo expone las principales líneas de actuación de su departamento para los próximos cuatro años y advierte de que el sistema vigente está prorrogado desde 2014, por lo que ya no responde a la realidad actual tras una crisis económica, una pandemia y cambios en las demandas ciudadanas sobre las prestaciones públicas.

El consejero censura además que el nuevo diseño pretenda surgir de un pacto político bilateral y no de un acuerdo multilateral. Tras recordar que este martes se reúne el Comité Técnico Permanente de Evaluación y que se anuncia un Consejo de Política Fiscal y Financiera para el 29 de julio, defiende la postura consensuada de la comunidad, remitida por escrito al Ejecutivo central en enero de 2022 y actualizada en marzo de 2025 a petición del Ministerio.

Carriedo señala que esa propuesta, de más de 120 páginas, se basa en acuerdos parlamentarios autonómicos aprobados desde 2016 y reclama el respaldo unánime de todos los grupos de las Cortes regionales. También rechaza cualquier condonación de deuda a otras autonomías si implica, en sus palabras, mutualizar su coste entre todos los españoles.

Choque político y efecto sobre los recursos regionales

La Junta sostiene que una financiación justa y solidaria debe cubrir el coste real de los servicios públicos en Castilla y León, con recursos adicionales ligados a sus características demográficas y territoriales. El Ejecutivo autonómico defiende que ese criterio resulta necesario para garantizar la igualdad efectiva en sanidad, educación y dependencia.

Desde el PSOE de Castilla y León, la portavoz económica María Isabel Fernández recuerda la propuesta presentada este martes por el líder socialista autonómico, Carlos Martínez, y afirma que el sistema planteado aportaría al menos 270 millones de euros más al año para la comunidad. Por ello, pide al PP regional que se siente a escuchar y negociar.

La portavoz de Economía del PP, Marta Arroyo, respalda la posición de Carriedo y sostiene que el modelo atribuido al Gobierno perjudica gravemente los intereses de Castilla y León al no reconocer sus singularidades de población y territorio. Vox también rechaza apoyar un sistema que, según su portavoz económico Carlos Menéndez, beneficie a socios separatistas del Ejecutivo central y abra diferencias entre territorios.

Las autorizaciones del Gobierno para nuevas operaciones de deuda autonómica fueron el foco de nuestro artículo anterior, con luz verde a Castilla y León, Extremadura y Canarias para endeudarse dentro del marco de financiación vigente hasta finales de 2026. Explicamos que estos permisos buscan cubrir necesidades de tesorería y financiar déficit pendiente, manteniendo el control previo sobre el endeudamiento de las comunidades.

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