España amplía la jubilación flexible con complementos de hasta el 25% en la pensión desde agosto de 2026
España prepara un cambio en la compatibilidad entre pensión y empleo con la entrada en vigor de una nueva regulación el 28 de agosto de 2026. La reforma amplía la jornada parcial permitida, incorpora incentivos económicos para mayores de 65 años y abre esta modalidad también a trabajadores autónomos.
Destacados
- El Real Decreto 416/2026, vigente desde el 28 de agosto de 2026, amplía la jubilación flexible permitiendo jornadas laborales entre el 33% y el 80% y complementos de hasta el 25%.
- Los autónomos podrán acogerse a la jubilación flexible, cobrando el 25% de la pensión mientras trabajan, siempre que no hayan estado activos en los tres años previos a jubilarse.
- El número de jubilados sube de 4,6 millones en 2005 a 6,5 millones en 2025 y el gasto en pensiones alcanza casi 50.600 millones de euros en los primeros cinco meses de 2026.
Nuevo marco de jubilación flexible
Según informa El Economista, citando el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 416/2026 entra en vigor el 28 de agosto de 2026 con el objetivo de facilitar el regreso al mercado laboral de personas ya jubiladas sin que renuncien por completo al cobro de su pensión. La norma impulsa la llamada jubilación flexible y modifica los límites de jornada parcial por cuenta ajena, que pasan de una horquilla previa de entre el 25% y el 75% a un mínimo del 33% y un máximo del 80%.El decreto introduce además un complemento para quienes accedan a esta modalidad tras haber permanecido al menos seis meses en retiro. El incremento sobre la pensión compatible con el trabajo será del 25% cuando la jornada se sitúe entre el 55% y el 80% de una jornada completa, y del 15% cuando quede comprendida entre el 33% y el 55%.
Otra novedad relevante es la extensión de la jubilación flexible a los autónomos. En estos casos, los pensionistas podrán compatibilizar la prestación con una actividad por cuenta propia y percibir el 25% de la nómina mientras desarrollan esa actividad, aunque para ello no podrán haber estado dados de alta como autónomos durante los tres años anteriores a la jubilación.
La norma también incorpora una excepción para quienes accedieron a la jubilación anticipada por causas ajenas a su voluntad, como despidos colectivos, despidos objetivos o concursos de acreedores. En esos supuestos, las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible podrán servir para recalcular la base reguladora y el porcentaje aplicable a la pensión, lo que puede reducir o incluso eliminar coeficientes reductores aplicados al adelantar el retiro.
Presión demográfica y efecto sobre el sistema
El cambio regulatorio llega en un contexto de aumento sostenido del número de jubilados y del gasto en prestaciones. En 2026, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.572 euros brutos mensuales y la máxima ronda los 3.360 euros en 14 pagas, mientras que en los cinco primeros meses del año el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones empleó casi 50.600 millones de euros en estos pagos.La evolución demográfica refuerza el trasfondo de la reforma. Según datos de la Seguridad Social, el número de jubilados ha pasado de 4,6 millones en 2005 a 6,5 millones en 2025, y las nuevas altas suben de 326.949 en 2023 a 368.065 en 2024 y a 375.324 en 2025, el nivel más alto desde 2005.
El Gobierno ya reconoce en el propio real decreto que la jubilación flexible, regulada inicialmente en 2002, tuvo una aplicación limitada y no alcanzó los resultados esperados. La actualización forma parte de una modernización más amplia del sistema de pensiones, en la que también se incluye la recuperación de la jubilación parcial para personal laboral del sector público, con una fórmula gradual validada por el Congreso de los Diputados, aunque los sindicatos mantienen abierta la reclamación para extender ese acceso al personal funcionario.
En un artículo anterior, en Traders Union analizamos los coeficientes reductores que seguirá aplicando la Seguridad Social en 2026 a la jubilación anticipada, con recortes que pueden llegar al 15% incluso para quienes superan los 41 años y 6 meses cotizados y hasta el 21% en carreras más cortas. También explicamos el impacto fiscal de eliminar estas penalizaciones para largas carreras laborales y por qué el Gobierno mantiene la medida por su coste presupuestario.
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