Euskadi cifra en 1.000 millones el impacto geopolítico sobre su industria y reclama apoyo por Ormuz

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José Antonio Gastélum

18.09.2026

Euskadi cifra en 1.000 millones el impacto geopolítico sobre su industria y reclama apoyo por Ormuz — Industria vasca en alerta

La economía vasca mantiene el crecimiento y el empleo, pero afronta una presión creciente por la inflación, los aranceles de U.S. y el cierre de Ormuz. El lehendakari Imanol Pradales sostiene que ese deterioro ya cuesta 1.000 millones de euros a la industria de Euskadi y pide al Gobierno central que estudie un plan de choque remitido en junio.

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Euskadi calcula en 1.000 millones de euros el coste geopolítico para su industria por la política arancelaria de U.S. y el cierre de Ormuz, afectando especialmente a automoción, metal y papel.
El lehendakari ha remitido a Pedro Sánchez el plan 'Respuesta a Ormuz', con 36 medidas de apoyo industrial y social, y reclama que el Gobierno central lo valore antes de que venza la prórroga actual el 30 de septiembre.
Euskadi mantiene un crecimiento económico sostenido, con un PIB per cápita de 44.400 euros, previsión de aumento del 1,9% en 2024, e inversión industrial nueva y fiscal de 2.229 millones de euros.

Coste industrial y propuesta remitida a Madrid

Según El Economista, como informó el lehendakari en su intervención en el Pleno de Política General, la política arancelaria de U.S. y el cierre de Ormuz suponen ya una factura geopolítica de 1.000 millones de euros para la industria vasca. Pradales defiende que el impacto no es uniforme y señala que ramas más especializadas, como la aeroespacial, la naval, las redes eléctricas o las soluciones digitales, crecen, mientras automoción, metal y papel atraviesan mayores dificultades.

El dirigente vasco recuerda además que en junio trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propuesta "Respuesta a Ormuz", un plan de choque con 36 medidas. Ese paquete busca reducir el coste de la cesta de la compra, apoyar al transporte y a la industria electrointensiva, ayudar a los autónomos y atender a baserritarras, agricultores, viticultores y arrantzales.

Pradales afirma que la situación no mejora desde entonces y subraya que el 30 de septiembre vence la prórroga de parte de las medidas actualmente en vigor. Por ello, reclama que el Ejecutivo central valore la propuesta vasca al considerar que puede aliviar la presión que siguen soportando las familias y la economía productiva.

Resiliencia económica y nuevas medidas de apoyo

Durante su intervención, Pradales sostiene que Euskadi conserva una base económica sólida, con un PIB per cápita de 44.400 euros, una previsión de crecimiento del 1,9% este año y un peso industrial del 23,5%. También destaca una tasa de riesgo de pobreza del 14,7%, un índice Gini de 25,9, una tasa de abandono escolar del 3,6% y un millón de personas trabajando y cotizando de forma continuada.

El lehendakari añade que la inflación se sitúa en agosto en el 4,5% y reconoce que ese encarecimiento genera incertidumbre en hogares y empresas. Aun así, asegura que el tejido económico vasco encadena 21 trimestres consecutivos con crecimientos superiores al 2%, alcanza 1.031.000 afiliados en agosto, 25.000 más que un año antes, y registra un aumento del 18% en la contratación y del 24% en la indefinida.

En el frente industrial, el Gobierno vasco cita medidas ya activadas como el escudo para la defensa industrial, operaciones de arraigo como las de Talgo, Ayesa o Uvesco, y seis proyectos transformadores del Plan de Industria con 642 millones de inversión, a los que se sumarán otros dos. Pradales añade que las diputaciones forales han activado medidas tributarias por 540 millones de euros y que el Ejecutivo autonómico ha movilizado 1.047 millones mediante el Escudo Industrial, al tiempo que se declara preparado para aprobar nuevas actuaciones de protección a familias y empresas.

En nuestra publicación anterior analizamos la negociación abierta por el Gobierno para prorrogar y ajustar el plan antiinflación cuyo vencimiento parcial llega el 30 de septiembre. El Ejecutivo, junto con sindicatos y patronal, estudiaba mantener ayudas a hogares y a sectores más expuestos —como transporte, agroalimentación e industria electrointensiva— y valoraba medidas como descuentos al combustible y rebajas fiscales en la electricidad si repuntan los precios.

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