Los municipios mantienen bloqueada la inversión de 23.000 millones en vivienda social

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José Antonio Gastélum

26.10.2026

Los municipios mantienen bloqueada la inversión de 23.000 millones en vivienda social — Bloqueo en vivienda social

Los ayuntamientos siguen sin poder movilizar una parte relevante de sus ahorros para proyectos de vivienda social pese a la autorización general para usar superávits y remanentes. La falta de un marco regulatorio del Ministerio de Hacienda mantiene congelados unos 23.000 millones de euros y amenaza con retrasar inversiones previstas en plena precampaña electoral.

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La falta de regulación por parte de Hacienda impide a los ayuntamientos invertir unos 23.000 millones de euros en Inversiones Financieramente Sostenibles, principalmente vivienda social.
La FEMP reclama un real decreto-ley urgente que permita desbloquear los remanentes municipales antes de la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.
El real decreto de diciembre de 2025 permite usar el superávit de 2024 hasta 2027, pero la FEMP exige una prórroga indefinida debido al margen efectivo limitado y la baja oferta de vivienda pública.

Bloqueo normativo de los remanentes municipales

Según informó elEconomista.es, fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, aseguran que Hacienda todavía no regula las condiciones para que los consistorios puedan destinar sus remanentes de tesorería a Inversiones Financieramente Sostenibles, IFS, orientadas de forma preferente a la construcción de vivienda social.

La federación, que representa al 95% de los gobiernos locales, ha trasladado en varias ocasiones al ministerio la necesidad de aprobar un marco legal que defina requisitos, límites y procedimiento para emplear esos fondos. Hasta ahora no ha recibido respuesta, en un contexto en el que la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre deja pendiente una reclamación que los municipios consideran prioritaria.

La FEMP sostiene que los ayuntamientos no pueden endeudarse por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero tampoco deberían verse obligados a mantener inmovilizada su liquidez. La organización cifra esos remanentes en aproximadamente 23.000 millones de euros, acumulados durante casi cinco años, y plantea que un real decreto-ley de urgencia podría desbloquear su uso incluso antes de la formación de un nuevo Gobierno.

Presión para ampliar el uso en vivienda

El uso de estos recursos se considera especialmente relevante para vivienda porque las promociones públicas exigen plazos largos de tramitación, desde la gestión del suelo hasta la concesión de licencias y la ejecución de las obras. La FEMP advierte de que el parón institucional y el tiempo posterior hasta la constitución de un nuevo Ejecutivo pueden retrasar de forma considerable proyectos ya planeados.

El real decreto aprobado en diciembre de 2025 permitió emplear el superávit de 2024 en IFS durante 2025, 2026 y 2027, pero la federación considera insuficiente ese horizonte temporal. Al haberse aprobado al cierre de 2025, en la práctica el margen efectivo queda reducido, por lo que reclama una prórroga indefinida de la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sin depender de los Presupuestos Generales del Estado.

Entre las IFS autorizables figuran actuaciones en alcantarillado, abastecimiento de agua, residuos, alumbrado, transporte, centros docentes, asistencia social primaria, recursos hidráulicos, sociedad de la información y vivienda. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sitúa el parque público autonómico y municipal en unas 318.000 viviendas, equivalentes al 1,7% de los hogares del país, un nivel que refuerza la presión para que los municipios puedan canalizar sus reservas hacia nuevas promociones sociales.

En nuestra publicación anterior sobre la plataforma Quórum de eVoost AI detallamos cómo esta herramienta gratuita recopila datos ciudadanos para mapear la demanda real de vivienda por municipio (compra o alquiler) y poner esa información a disposición de las administraciones. También explicamos que estos datos pretenden respaldar la planificación de vivienda pública y privada, ofreciendo referencias orientativas sobre precios, capacidad de gasto y programas disponibles, sin implicar adjudicaciones ni garantías.

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