La CNMC avala el fin de la obligación de Telefónica en el servicio universal de telefonía fija e internet

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Aleksandra Chaikina

05.11.2026

La CNMC avala el fin de la obligación de Telefónica en el servicio universal de telefonía fija e internet — Fin a la obligación de Telefónica

El mercado español de telecomunicaciones ya ofrece de forma generalizada acceso fijo a internet y telefonía fija, lo que lleva a revisar el papel de los operadores obligados dentro del servicio universal. La propuesta mantiene las medidas de asequibilidad para usuarios vulnerables y sitúa la supervisión regulatoria como elemento clave antes de cerrar 2026.

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La CNMC respalda la propuesta de Orden que elimina la obligación de Telefónica como operador de servicio universal de telefonía fija e internet, citando cobertura generalizada en el mercado.
El cambio regulatorio preserva el abono social para actuales beneficiarios y exige que todos los operadores sigan ofreciendo condiciones adaptadas a consumidores vulnerables.
La CNMC destaca la necesidad de aprobar el nuevo Reglamento de servicio universal antes del 31 de diciembre de 2026 para asegurar la correcta aplicación y supervisión del nuevo marco regulatorio.

Respaldo regulatorio al cambio de modelo

Según CNMC, citando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el proyecto de Orden pone fin a la designación de Telefónica como operador obligado a prestar los servicios de acceso fijo a internet y telefonía fija incluidos en el servicio universal de telecomunicaciones.

La propuesta, elaborada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, concluye que ambos servicios ya están disponibles de forma generalizada a través de las ofertas existentes en el mercado. Por ello, deja de ser necesario designar a un operador concreto para garantizar su prestación.

El servicio universal mantiene su vigencia como derecho legalmente garantizado para los usuarios, ya que asegura que determinados servicios básicos de comunicaciones electrónicas estén disponibles con una calidad adecuada y a un precio asequible con independencia del lugar de residencia. La Ley General de Telecomunicaciones permite retirar esta obligación a un operador determinado cuando el mercado cubre por sí mismo esas necesidades en condiciones adecuadas.

La CNMC considera que la medida es coherente con la evolución del sector en España, marcada por el elevado nivel de cobertura de las redes fijas y móviles, la disponibilidad de servicios satelitales y el efecto de los programas públicos de apoyo al despliegue de infraestructuras digitales. En ese contexto, el cambio regulatorio adapta las obligaciones de servicio público a la realidad actual del mercado y preserva el principio de proporcionalidad.

Supervisión y protección de los usuarios

El fin de la designación de Telefónica no supone la desaparición de los mecanismos de apoyo a los consumidores vulnerables. La legislación sigue obligando a todos los operadores que prestan acceso fijo a internet y telefonía fija a ofrecer condiciones adaptadas para estos colectivos, y la propuesta prevé además mantener el abono social para quienes ya son beneficiarios.

La CNMC subraya, no obstante, la necesidad de seguir vigilando la disponibilidad efectiva de estos servicios en todo el territorio nacional, con independencia de la localización geográfica de los consumidores. Ese seguimiento resulta relevante por si fuera necesario analizar medidas adicionales en el futuro.

El regulador también recuerda la importancia de aprobar el nuevo Reglamento de servicio universal antes del 31 de diciembre de 2026, al considerar que será una pieza esencial para aplicar correctamente el nuevo marco regulatorio. Si el mercado dejara de asegurar en algún momento el acceso a estos servicios, la prestación podría volver a licitarse o imponerse de nuevo a un operador.

La reforma del estatuto orgánico de la CNMC para incorporar la figura del economista jefe y crear la Subdirección de Inteligencia Económica fue el eje de nuestro artículo anterior. Explicamos que el objetivo es reforzar la capacidad analítica del regulador con más herramientas de datos e inteligencia artificial, para apoyar sus tareas de competencia, regulación y supervisión en un contexto de mayores competencias y complejidad.

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