El tuit fue eliminado por el autor.
Pero guardamos todo 🙂.
La semana pasada ocurrió en Estados Unidos algo que el sector de los activos digitales llevaba esperando más de una década. La Cámara de Representantes aprobó tres importantes proyectos de ley relacionados con las criptomonedas: la Ley GENIUS, la Ley CLARITY y la Ley Anti-CBDC del Estado de Vigilancia. Estas iniciativas, cada una de las cuales ha recibido distintos niveles de apoyo, suponen el primer intento global de formalizar la postura de EE.UU. respecto a las stablecoins, los activos digitales y la moneda digital del banco central (CBDC).
Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.
A primera vista, cada ley tiene un enfoque distinto. Pero tomadas en conjunto, representan un esfuerzo coordinado para legitimar las soluciones del sector privado, aclarar las responsabilidades de los emisores y oponerse a los esfuerzos del gobierno para incrustar un dólar digital centralizado en el sistema financiero.
El 19 de julio, el presidente Donald Trump promulgó la Ley GENIUS, que se convierte en la primera ley activa sobre la regulación de las stablecoins en la historia de Estados Unidos. Las otras dos -la Ley CLARITY y la Ley Anti-CBDC- siguen pendientes de revisión en el Senado.
La Ley GENIUS recibió el mayor respaldo en la Cámara de Representantes: 308 votos a favor, 102 de ellos de demócratas. El proyecto de ley establece un marco legal para la emisión de stablecoins en EE.UU., exige que entidades independientes gestionen la emisión de tokens, prohíbe las stablecoins con intereses e introduce la responsabilidad penal por emisiones sin respaldo.
Una disposición clave apunta a los monopolios: las grandes empresas tecnológicas y los bancos deben crear filiales legalmente separadas para emitir stablecoins respaldadas por dólares. Esta llamada "cláusula Libra" es una respuesta directa al fallido proyecto de stablecoin de Meta. Estos emisores también estarán sujetos a revisiones antimonopolio y deberán obtener la aprobación de un comité de supervisión dirigido por el Tesoro con poder de veto.
Circle apoyó abiertamente el proyecto de ley, calificándolo de victoria tanto para los consumidores como para el estatus global del dólar estadounidense. El Director de Estrategia de la empresa, Dante Disparte, declaró que la Ley GENIUS codifica efectivamente el modelo de negocio que Circle ha seguido durante años. Tether, por su parte, anunció planes para cumplir con el nuevo régimen como emisor extranjero, incluidas auditorías de reservas y el posible lanzamiento de una stablecoin independiente orientada a Estados Unidos.
La prohibición de las stablecoins con rendimiento ha suscitado críticas en la comunidad DeFi. Irónicamente, sin embargo, puede impulsar un resurgimiento de los protocolos descentralizados. Si los tokens de la capa base ya no generan rendimiento, es probable que los usuarios lo busquen en otra parte, concretamente en el ecosistema DeFi de Ethereum. Los analistas ya predicen un "verano DeFi 2.0", estableciendo paralelismos con el último auge de la actividad en la cadena impulsada por las stablecoin.
El segundo proyecto de ley, la Ley CLARITY, fue aprobado con un apoyo ligeramente inferior, aunque significativo (294 votos a favor, 78 de ellos de demócratas). Su principal objetivo es ofrecer una definición jurídica clara de lo que constituye un activo digital y determinar su naturaleza: si es un valor, una mercancía o un híbrido. Se trata de una respuesta largamente esperada a años de ambigüedad normativa, durante los cuales la SEC y la CFTC se enfrentaron incluso públicamente, y las empresas de criptomonedas lucharon por obtener clasificaciones oficiales para sus productos.
Es probable que el proyecto de ley sufra más cambios en el Senado, donde el apoyo demócrata es más débil. Pero incluso en su forma actual, envía un mensaje contundente: en EE.UU., los activos digitales ya no existirán en una zona gris legal: ahora están en vías de reconocimiento oficial. Esto podría desbloquear el crecimiento institucional latente no sólo en DeFi, sino también a través de Web3, fondos tokenizados y bonos digitales.
El tercer y más inesperado proyecto de ley -la Ley Anti-CBDC del Estado de Vigilancia- se aprobó por un estrecho margen (219 a 210), prácticamente sin apoyo demócrata. El proyecto de ley prohíbe explícitamente a la Reserva Federal emitir una moneda digital de banco central (CBDC) sin la aprobación del Congreso. El argumento republicano es claro: la CBDC supone una amenaza para la privacidad, permite el control de las transacciones y corre el riesgo de dar paso a un "sistema de crédito social al estilo chino."
Para la comunidad de criptomonedas, esta puede ser la señal más importante de todas: Estados Unidos no solo está legitimando la innovación financiera privada, sino que también está restringiendo activamente la capacidad del gobierno para construir una alternativa centralizada. De 2020 a 2022, la preocupación por un dólar digital suscitó un serio debate. Ahora, ese escepticismo se ha convertido en parte de la política oficial.
Sobre todo, señala un cambio de clima. Estados Unidos aspira de nuevo a liderar la innovación, sin ahogarla. El entorno se está volviendo más predecible: hay reglas, hay normas y hay espacio para la iniciativa privada. Al mismo tiempo, marca una nueva fase de competencia entre las stablecoins centralizadas, las plataformas descentralizadas y los bancos tradicionales, que ya no pueden simplemente incrustarse en esta nueva infraestructura sin cumplir la ley.
Esta tríada reguladora es más que un conjunto de actos legislativos. Es una postura política: Estados Unidos está optando por una Internet financiera basada en los derechos, no por un monopolio digital controlado por el Estado. La verdadera pregunta ahora es: ¿quién será el primero del mercado en aceptar el reto?