Andorra capta inversión inmobiliaria ante la presión fiscal denunciada en España

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29.04.2026

Andorra capta inversión inmobiliaria ante la presión fiscal denunciada en España — Andorra atrae capital inmobiliario

El traslado de capital inmobiliario hacia mercados vecinos gana visibilidad en un contexto de quejas de inversores por la carga tributaria sobre la compra de vivienda en España. Un inversor afirma que ha destinado 1,5 millones de euros a un bloque residencial en Andorra porque en España habría pagado 150.000 euros por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

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Pascual Ariño invierte en Andorra alegando que la fiscalidad española penaliza operaciones inmobiliarias, pagando 150.000 euros en ITP sobre 1,5 millones de euros invertidos.
Ariño advierte que la carga fiscal sobre los ingresos por alquiler en España reduce el atractivo del mercado residencial respecto a países con menor presión.
El Banco de España estima un déficit de más de 700.000 viviendas, mientras inversores demandan menores impuestos para incrementar la oferta y el empleo sectorial.

Fiscalidad y decisión de inversión

Como informó elEconomista.es, el inversor inmobiliario Pascual Ariño explica que ha optado por invertir en Andorra tras adquirir un nuevo bloque de viviendas, al considerar que la fiscalidad en España penaliza este tipo de operaciones. En su intervención en LaSexta Xplica, sostiene que una inversión de 1,5 millones de euros en España le habría supuesto el pago de 150.000 euros en Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Ariño añade que a ese coste inicial se sumarían los impuestos vinculados a los ingresos por alquiler. A su juicio, esa carga reduce el atractivo de destinar capital al mercado residencial español frente a otros países con menor presión fiscal.

Impacto sobre oferta y empleo

El inversor defiende que su actividad también genera empleo al contratar oficios como albañiles o pintores y que contribuye a incorporar viviendas al mercado del alquiler. En ese sentido, sostiene que hacen falta más inversores para elevar la oferta en un segmento que describe como saturado.

Además, critica que el Gobierno no está actuando para corregir el déficit de vivienda. El texto señala que el Banco de España estima que faltan más de 700.000 viviendas, un dato que sitúa el debate fiscal dentro de un problema más amplio de escasez de oferta residencial.

En nuestra publicación anterior analizamos la caída de la oferta de alquiler en Cataluña tras la aplicación del control de rentas en las zonas tensionadas. Señalamos que las estimaciones apuntan a una pérdida cercana a 60.000 viviendas y a un fuerte aumento de la competencia por cada anuncio, un patrón que empieza a repetirse en otras comunidades que adoptan medidas similares.

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