España atribuye al escudo anticrisis por la guerra de Irán una rebaja de un punto en la inflación

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Dan Blystone

13.05.2026

España atribuye al escudo anticrisis por la guerra de Irán una rebaja de un punto en la inflación — Escudo anticrisis reduce IPC

El Gobierno defiende que el paquete anticrisis activado por la guerra de Irán amortigua ya el impacto del encarecimiento energético y de otros costes sobre la economía española. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que las medidas restan un punto al IPC en abril y deja abierta una posible prórroga más allá de mayo si persiste la incertidumbre.

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El Gobierno español estima que el paquete anticrisis de 5.000 millones de euros ha reducido un punto la inflación de abril tras el conflicto de Irán.
Las medidas incluyen recortes de hasta 30 céntimos por litro en gasóleo y gasolina, bonificaciones para la industria electrointensiva y rebajas fiscales a la electricidad.
El ministro Carlos Cuerpo admite que la falta de nuevos presupuestos desde 2023 limita el gasto y no garantiza la prórroga automática de las ayudas tras mayo.

Medidas vigentes y margen para su prórroga

Según informa elEconomista.es, Carlos Cuerpo señala en Barcelona que el Ejecutivo cifra en 5.000 millones de euros el paquete de medidas desplegado para contener el efecto del conflicto sobre los precios, con un impacto de un punto menos en la inflación de abril. El ministro afirma que la economía española está mejor preparada que en episodios anteriores, como la guerra de Ucrania o la pandemia, y subraya que ya se detecta presión en energía, combustibles y fertilizantes.

Cuerpo explica que la actuación se concentra en sectores como el transporte, la agricultura y la industria electrointensiva, y añade que las ayudas a fertilizantes también reducen el coste de las cosechas y limitan efectos de segunda ronda. Entre las medidas en vigor figuran el recorte de hasta 30 céntimos por litro en la gasolina y el gasóleo, bonificaciones en peajes eléctricos para la industria electrointensiva, rebajas fiscales a la electricidad y apoyo a hogares vulnerables.

El ministro no confirma una extensión automática del decreto más allá de mayo y recuerda que las rebajas fiscales a la energía y los carburantes dependen de que el IPC energético supere determinados niveles. Aun así, sostiene que el Gobierno mantiene abierto ese instrumento si la evolución de la guerra y de los precios lo hace necesario.

Presupuestos, vivienda y contexto político

Durante su intervención en el Cercle Financier d'Amics del País, celebrado en la sede de CaixaBank, Cuerpo reconoce que la falta de presupuestos condiciona el gasto del Ejecutivo, que arrastra esa situación desde 2023. El ministro asegura que la prioridad es fijar un momento realista para presentar unas nuevas cuentas, con mayor certidumbre sobre la inflación y sobre un eventual siguiente paquete de ayudas.

En ese contexto, lanza un mensaje a Junts para recomponer la mayoría que permitió aprobar los últimos presupuestos y afirma que busca avanzar lo antes posible en su presentación. También reclama actuar con todas las medidas necesarias frente a la crisis de vivienda, combinando aumento de oferta, facilidades de financiación, liberación de suelo y límites a determinadas políticas de precios, mientras intenta construir un clima político propicio para acuerdos.

El acto cuenta con la presentación de Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y de Tomás Muniesa, presidente de la entidad. Muniesa destaca la recuperación del Cercle Financer, que no se celebra desde junio de 2023, y lo define como un foro de referencia para voces del ámbito económico, financiero y regulador en España y Europa.

En nuestra publicación anterior sobre el uso temporal de la liquidez del Plan de Recuperación (Next Generation), explicamos que la Comisión Europea considera que desviar de forma transitoria más de 2.000 millones de euros no altera el despliegue del programa en España. También señalamos que, aunque las pensiones y otros gastos corrientes no son elegibles con estos fondos, Bruselas mantiene abierta una revisión a raíz del informe del Tribunal de Cuentas sobre el caso español.

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