España autoriza 19,6 millones del Fondo de Contingencia para catástrofes y fines sociales

España autoriza 19,6 millones del Fondo de Contingencia para catástrofes y fines sociales
19,6 millones para ayudas

El Gobierno autoriza movilizar 19,6 millones de euros del Fondo de Contingencia para cubrir ayudas por catástrofes naturales y reforzar actividades de interés social vinculadas a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. La partida se reparte entre una ampliación de crédito para emergencias en Interior y otra para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con cargo a necesidades presupuestarias de 2026.

Destacados

  • El Consejo de Ministros autoriza la aplicación de 19.670.701,77 euros del Fondo de Contingencia para financiar dos modificaciones de crédito en 2026.
  • Interior recibe 4.744.548,83 euros para ayudas por catástrofes, incluyendo 651.814,66 euros por la borrasca Filomena y 4.092.734,17 euros para otros fenómenos extremos.
  • Transición Ecológica gestionará 14.926.152,94 euros adicionales para actividades de interés social vinculadas a la asignación tributaria del IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

Reparto de fondos y cobertura presupuestaria

Según una nota de prensa de Hacienda, el acuerdo del Consejo de Ministros autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 19.670.701,77 euros para financiar dos modificaciones de crédito en 2026.

La primera ampliación, dirigida al Ministerio del Interior, asciende a 4.744.548,83 euros. Ese importe se destina a ayudas para entidades locales, empresas privadas, familias e instituciones sin fines de lucro afectadas por situaciones de emergencia, siniestros y otras catástrofes de reconocida urgencia.

Dentro de esa partida, 651.814,66 euros cubren necesidades presupuestarias derivadas de los daños causados por la borrasca Filomena, tras los episodios registrados en enero de 2021 y las medidas aprobadas entonces por el Real Decreto-ley 10/2021. Los 4.092.734,17 euros restantes responden a solicitudes de ayudas ligadas a lluvias torrenciales, tormentas, inundaciones, desbordamientos, desprendimientos, incendios forestales, nevadas y tornados, entre otros fenómenos contemplados en el Real Decreto 307/2005.

Impacto en actividades sociales y ejecución en 2026

La segunda ampliación de crédito, para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, suma 14.926.152,94 euros. Su objetivo es financiar actividades de interés general consideradas de interés social en relación con la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.

La Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogados para 2026, establece que el Estado destina el 0,7% de la cuota íntegra de ambos impuestos a este tipo de actividades cuando los contribuyentes así lo indican expresamente. De la distribución fijada, el 2,85% corresponde al ministerio de Transición Ecológica, mientras que el resto se reparte entre Derechos Sociales y Agenda 2030 y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Con certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria fechadas el 22 de abril de 2026, la asignación definitiva procedente del IRPF devengado en 2024 alcanza 567.985.890,43 euros, de los que el 2,85% equivale a 16.187.597,88 euros. Como la dotación inicial del ejercicio es de 3.595.050,42 euros, la necesidad adicional de crédito se sitúa en 12.592.547,46 euros, aunque 249.599,58 euros ya se cubren mediante un expediente de suplemento de crédito.

En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la asignación definitiva derivada de declaraciones presentadas en 2024 y de las de 2023 no incluidas en un certificado anterior alcanza 124.621.917,21 euros. El 2,85% de esa cifra asciende a 3.551.724,64 euros y, frente a una dotación de 968.519,58 euros en el ejercicio, la necesidad adicional se eleva a 2.583.205,06 euros.

Los presupuestos autonómicos de 2026 en Extremadura centraban la atención en unas cuentas históricas que superan los 8.800 millones de euros, con el objetivo de sostener el crecimiento regional. En nuestra publicación anterior señalamos que el proyecto incluía novedades fiscales y un refuerzo de 500 millones de euros para salud y sanidad, además de priorizar servicios básicos como educación y dependencia.

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