La investigación del caso Plus Ultra extiende la presunta red de blanqueo a Panamá, Mauricio, Suiza y Gibraltar

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Dan Blystone

30.05.2026

La investigación del caso Plus Ultra extiende la presunta red de blanqueo a Panamá, Mauricio, Suiza y Gibraltar — Red internacional Plus Ultra

La causa judicial sobre Plus Ultra amplía su alcance internacional con sociedades, cuentas y movimientos de fondos situados en varias jurisdicciones fuera de España. El sumario vincula esa operativa con el rescate público de la SEPI, negocios en Venezuela y contactos en China y Dubái, dentro de una presunta estructura de blanqueo y tráfico de influencias.

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La investigación del caso Plus Ultra identifica estructuras de blanqueo en Panamá, Mauricio, Suiza, Gibraltar, U.S., Luxemburgo y España según la UDEF.
El sumario vincula a Inteligencia Prospectiva S.L. con pagos de 1,2 millones de euros a empresas del entramado y contactos con altos cargos venezolanos.
El juez documenta que el pago pactado entre Plus Ultra e Idella ascendió al 1% del rescate público (530.000 euros) y se planificó ejecutar en Dubái según contrato del 19 de enero de 2021.

Alcance internacional de la investigación judicial

Según el auto judicial al que ha tenido acceso elEconomista.es, la investigación de la UDEF sitúa a España, Venezuela, U.S., China, Emiratos Árabes Unidos y Suiza entre los principales focos de la presunta operativa. La documentación también identifica mercantiles instrumentales en Florida, California y Delaware, además de estructuras en Luxemburgo, Gibraltar, Panamá e Isla Mauricio.

Entre las sociedades citadas figuran Bautista Managements LLC y Grupo Multiobras MM 77 CA Corp en U.S., Kaimana SARL en Luxemburgo, Valerian Corporation SA en Gibraltar y Bluecarp Corp, vinculada a Adamas Capital, en Isla Mauricio. El sumario sostiene que algunas de estas entidades habrían servido para canalizar transferencias, recibir fondos procedentes del rescate de la SEPI o remitir dinero a cuentas opacas.

La investigación también sitúa en Suiza y Francia el origen de las pesquisas sobre blanqueo de capitales. En Ginebra se detectaron las primeras cuentas opacas y una supuesta operativa de inversión bursátil con fondos ilícitos, una línea que después impulsa la causa abierta en España.

Vínculos con Venezuela, Dubái y China

El sumario describe una red de contactos con el Gobierno venezolano para facilitar negocios estratégicos, entre ellos asignaciones de buques de crudo y operaciones de petcoke y oro. Entre las personas mencionadas figuran Delcy Rodríguez, Manuel Aarón Fajardo García, Rodolfo José Reyes Rojas y Juan Manuel Teixeira Díaz, además de administradores de Inteligencia Prospectiva S.L., sociedad que, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, abonó 1,2 millones de euros a varias empresas del entramado.

Dubái aparece como destino para el desplazamiento de capitales y para operaciones con materias primas. El juez apunta que la proyectada constitución de Landside Dubai Fzco y un plan de negocio asociado podrían responder al objetivo de ejecutar fuera de España el pago pactado entre Plus Ultra e Idella, fijado en el 1% del rescate público, equivalente a 530.000 euros según el contrato firmado el 19 de enero de 2021.

La documentación también recoge contactos con entidades dependientes del Estado chino para influir en operaciones comerciales de gran escala. Entre los documentos figura una carta de intenciones fechada el 30 de octubre de 2023 y dirigida a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en nombre de Cultural Technology Resources Group, mientras que la causa menciona reuniones con representantes vinculados al Partido Comunista Chino para negociar compras masivas de materias primas.

En nuestra publicación ya contamos cómo los informes policiales y resoluciones judiciales situaban a la SEPI en el centro de una presunta estrategia de influencia para condicionar expedientes y asegurar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en marzo de 2021. Aquel seguimiento también señalaba indicios de acceso anticipado a información y gestiones para desbloquear fondos, además del impacto institucional y reputacional que el caso podría tener sobre la gobernanza y los controles de las ayudas públicas.

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