La reforma de la financiación autonómica agrava las diferencias entre comunidades históricas

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Ciaran Ryan

02.06.2026

La reforma de la financiación autonómica agrava las diferencias entre comunidades históricas — Más tensión entre autonomías

El debate sobre la reforma de la financiación autonómica abre nuevas fricciones entre varias de las comunidades con mayor tradición de autogobierno en España. La propuesta pactada entre el Gobierno y ERC, que incorpora el principio de ordinalidad y prevé 16.000 millones de euros adicionales, no logra un respaldo común entre Cataluña, Galicia y Euskadi.

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El Gobierno y ERC acordaron una reforma del sistema autonómico con 16.000 millones de euros extra, sin negociación multilateral y con fuerte oposición de comunidades históricas.
Salvador Illa defendió que ningún territorio saldrá perjudicado y destacó el fin del sistema de anticipos y mayor participación en IRPF e IVA para las autonomías.
Euskadi, fuera del régimen común, reivindicó su singularidad fiscal, pidió nuevas competencias en inmigración y subrayó la disciplina financiera exigida por su modelo de concierto económico.

Choque político sobre el nuevo modelo

Según explicó elEconomista.es, la reunión anual del Cercle d'Economia mostró la falta de consenso en torno a la reforma acordada entre el Ejecutivo y ERC, especialmente por la crítica al modo en que se impulsa el cambio del sistema. El punto de fricción se centra tanto en el contenido del modelo como en la ausencia de una negociación multilateral con todas las comunidades autónomas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que el nuevo esquema le ofrece "muy poca credibilidad" y cuestionó que se pida a las comunidades sumarse a un pacto casi cerrado. A su juicio, la actualización del sistema, que no se revisa desde 2009, debería haberse abordado de forma conjunta desde el inicio y no mediante un acuerdo entre PSOE y ERC al margen del resto de actores políticos.

Frente a esas objeciones, el president Salvador Illa defendió que ninguna región sale perjudicada con el nuevo reparto y sostuvo que los 16.000 millones de euros extra permitirían reducir la brecha entre comunidades mejor y peor financiadas. También señaló como ventajas el fin del sistema de anticipos y una mayor capacidad normativa, con más participación en IRPF e IVA.

La discusión subió de tono cuando Illa aseguró que no pediría permiso para poner propuestas sobre la mesa e instó a Rueda a plantear una alternativa. El dirigente gallego respondió poniendo en duda que un Gobierno sin presupuestos pueda aprobar en poco tiempo una reforma de la LOFCA y reiteró que, si se busca homogeneidad en los servicios, el debate debe hacerse entre todos.

Euskadi defiende su singularidad fiscal

El lehendakari Imanol Pradales evitó alinearse de forma directa en la controversia al recordar que Euskadi no forma parte del régimen común y que una modificación de la LOFCA no afecta en principio a su estatus. Aun así, aprovechó el debate para reivindicar el concierto económico y subrayar que el modelo vasco exige corresponsabilidad en la gestión y limita el recurso al endeudamiento.

Pradales sostuvo que Euskadi no puede acudir al FLA, lo que obliga, dijo, a mantener disciplina presupuestaria y financiera. También defendió que el cupo debe abonarse con independencia de las decisiones de gasto que adopte el Estado, incluido el aumento proyectado en defensa.

El dirigente vasco utilizó además el foro para reclamar nuevas competencias en inmigración, en línea con demandas que también aparecen en otros territorios. Argumentó que más del 14% de la población vasca es de origen extranjero y lamentó que el Gobierno autonómico no disponga de capacidad propia para intervenir en esa materia, una reivindicación que amplía el foco del debate territorial más allá de la financiación.

En nuestra publicación anterior sobre la actualización de la financiación territorial para 2026, contamos que el Gobierno aprobó un real decreto-ley para elevar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales. También detallamos las nuevas opciones para que los ayuntamientos con superávit puedan financiar inversiones sostenibles —incluida vivienda— con ejecución plurianual, en un contexto de contactos iniciales para abordar un nuevo modelo de financiación autonómica.

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