España afronta un expediente de la Comisión Europea por no fijar sanciones sobre combustibles sostenibles en aviación

España afronta un expediente de la Comisión Europea por no fijar sanciones sobre combustibles sostenibles en aviación
España incumple sanciones verdes

La Comisión Europea activa un procedimiento de infracción contra España y otros 12 Estados miembro por no adaptar a sus legislaciones nacionales el régimen sancionador previsto en ReFuelEU Aviation. El caso afecta a las multas para aerolíneas, aeropuertos y proveedores de combustible que no recurran a alternativas sostenibles al queroseno.

Destacados

  • La Comisión Europea ha iniciado expediente a España y otros 12 países por no establecer sanciones nacionales sobre el uso de combustibles sostenibles en la aviación.
  • Bruselas envió cartas de emplazamiento concediendo dos meses para corregir el incumplimiento antes de pasar a un dictamen motivado y posible remisión al Tribunal de Justicia de la UE.
  • El expediente aumenta la presión regulatoria sobre el sector aéreo europeo en plena aceleración de la estrategia ReFuelEU Aviation y búsqueda de aplicación uniforme de obligaciones climáticas.

Expediente por incumplir el marco sancionador

Según detalla la Comisión Europea, España, Alemania, Bélgica, Irlanda, Chipre, Letonia, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Luxemburgo y Portugal no han configurado normas nacionales sobre sanciones para los operadores que no usen combustibles sostenibles en aviación.

Bruselas abre este jueves cartas de emplazamiento a los 13 países al constatar que no han remitido los planes nacionales de control y penalizaciones exigidos por la normativa comunitaria. Esa información debía enviarse a la Comisión antes del cierre de diciembre de 2024.

ReFuelEU Aviation busca dar seguridad regulatoria a largo plazo para impulsar la producción y el uso de combustibles alternativos en el sector aéreo. La norma obliga a los Estados miembro a fijar sanciones aplicables a proveedores de combustible, aerolíneas y entidades gestoras de aeropuertos cuando incumplan las exigencias europeas, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación.

Plazos y presión regulatoria sobre el sector

Con la carta de emplazamiento, la Comisión concede a los países un plazo de dos meses para corregir la situación. Si no hay respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario pasa al segundo escalón del expediente con un dictamen motivado.

Si tras ese nuevo plazo de dos meses persiste el incumplimiento, el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE. El expediente refuerza la presión regulatoria sobre la aviación europea en un momento en que Bruselas trata de acelerar la adopción de combustibles sostenibles y de asegurar una aplicación homogénea de las obligaciones climáticas en todo el mercado comunitario.

En nuestra anterior cobertura sobre el marco regulatorio de Aena, analizamos el borrador de la CNMC para 2027-2031, que plantea una reducción media anual del 0,59% en las tarifas aeroportuarias y rebaja las previsiones clave de crecimiento y coste de capital. También señalamos cómo esta mayor claridad normativa puede condicionar el tráfico aéreo y los ingresos, mientras el valor se movía en un rango técnico a la espera de una señal más concluyente del mercado.

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