CEOE impulsa controles médicos en bajas laborales para contener costes por incapacidad temporal

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José Antonio Gastélum

Hace 1 horas

CEOE impulsa controles médicos en bajas laborales para contener costes por incapacidad temporal — Controles en bajas laborales

El aumento de las bajas por incapacidad temporal por causas comunes intensifica la presión sobre las empresas, que cifran su coste en más de 17.000 millones de euros. Ante la falta de medidas de fondo en la mesa con la Seguridad Social, la patronal defiende un mayor uso de los mecanismos legales para verificar posibles fraudes.

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CEOE impulsa que las empresas utilicen el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores para realizar reconocimientos médicos a empleados de baja y frenar el aumento de costes por incapacidad temporal.
El Tribunal Supremo avaló en 2021 estos controles médicos empresariales siempre que solo indiquen si el trabajador está apto para el puesto, facilitando acciones contra posibles fraudes.
Empresarios presionan para revisar complementos salariales en convenios, destacando que muchas coberturas mantienen el 100% del sueldo, aunque algunos acuerdos ya recortan estos pagos al inicio o en reincidencias.

Uso del marco legal para revisar bajas médicas

Como informó elEconomista.es, CEOE busca fórmulas para frenar el alza de los procesos de incapacidad temporal y varias organizaciones empresariales animan a las compañías a explorar la posibilidad de realizar reconocimientos médicos a empleados de baja. La patronal aborda esta vía en una jornada sobre absentismo, centrada en las bajas por accidentes o enfermedades surgidas fuera del trabajo.

El presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, señala que las empresas deben hacer un mayor uso del artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, que permite verificar el estado de salud alegado para justificar faltas de asistencia mediante reconocimiento médico. Ese mismo precepto establece que la negativa del trabajador a someterse a esos controles puede acarrear la suspensión de los derechos económicos a cargo de la empresa, en referencia a los complementos pactados en convenios colectivos.

El Tribunal Supremo avala en 2021 la capacidad de las compañías para impulsar estos controles, siempre que el resultado se limite a indicar si el empleado es apto o no para desempeñar su puesto en ese momento, sin detallar la dolencia concreta. Ese criterio, según los representantes empresariales, abre una vía para actuar cuando existan sospechas de fraude en una baja por incapacidad temporal.

Presión sobre convenios y negociación con el Gobierno

El presidente de la patronal navarra CEN, Manuel Piquer, afirma que este artículo es determinante para el control de la baja médica y asegura que grandes empresas de Navarra ya contratan servicios para realizar estos exámenes en contingencias comunes. A su juicio, en determinados casos incluso puede suprimirse el pago de los complementos, por lo que reclama utilizar las herramientas legales ya disponibles.

Desde CEIM, su portavoz Laly Escudero sostiene que resulta fundamental que las empresas puedan conocer la causa de la baja. En la mesa de negociación con el Gobierno, las organizaciones empresariales plantean que los médicos concreten para qué tareas queda impedido un trabajador, con el objetivo de evitar que empleados con varios puestos queden automáticamente inhabilitados para todos si desempeñan funciones distintas.

La revisión de los complementos salariales durante la baja también gana peso en la negociación colectiva. Según trasladan representantes empresariales, numerosos convenios mantienen coberturas del 100% del sueldo desde los primeros días, mientras Confemetal apunta a acuerdos provinciales que ya recortan esos pagos al inicio de la incapacidad o en casos de reincidencia.

En una información anterior abordamos la reclamación de la CEOE para que la Seguridad Social asuma íntegramente el coste y las cotizaciones de los primeros 15 días de incapacidad temporal, ante el fuerte incremento de las bajas por contingencias comunes. También señalamos que, según cifras manejadas por el entorno de las mutuas, el gasto anual asociado superaría los 17.000 millones de euros, con un repunte destacado en procesos vinculados a la salud mental desde la pandemia.

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