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Emilio Ghigini

Hace 2 horas

Fiscalía investiga una red vinculada al PSOE por presunto desvío de fondos en SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia — Trama de desvío en SEPI

La investigación sobre una presunta trama de influencia en el sector público se amplía a varias compañías y organismos estratégicos con impacto en ayudas, contratos y gestión de activos. El caso sitúa bajo escrutinio operaciones relacionadas con SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia, mientras la Audiencia Nacional examina posibles delitos contra la administración pública.

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Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y organización criminal en SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides y Forestalia vinculados al PSOE.
Investigación policial analiza la concesión pública de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos y maniobras para sobrevalorar costes de Mercasa y operaciones en Enusa relacionadas con activos y residuos.
La operativa, formalmente controlada por Antxón Alonso, habría canalizado beneficios a través de Mediaciones Martínez, Servinabar y Next Generation Caliope Innova, generando presión sobre entidades públicas y empresas estratégicas.

Denuncia y operativas bajo examen

Según ha informado elEconomista.es, la Fiscalía Anticorrupción sostiene en una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional que los hechos investigados pueden constituir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal. El escrito, incorporado a una nueva pieza del sumario cuyo secreto se acaba de levantar, describe una estructura estable y coordinada para intervenir en expedientes de relevancia económica dentro del sector público.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo Hirurok, vinculado a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, se articula a través de cinco grandes operativas conectadas con organismos públicos y empresas de carácter estratégico. La investigación policial concreta actuaciones relacionadas con Mercasa, Enusa, el rescate financiero concedido por la SEPI a Tubos Reunidos, una adjudicación ligada al Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides, y varias operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.

En el caso de Tubos Reunidos, los investigadores analizan una supuesta mediación para facilitar una ayuda pública de 112,8 millones de euros. Respecto a Mercasa, la denuncia apunta a maniobras dirigidas a promover el traslado de la sede mediante informes que habrían sobrevalorado los costes de rehabilitación de las instalaciones actuales, mientras que en Enusa las pesquisas se centran en procesos de venta de activos y gestión de residuos.

Alcance empresarial e impacto institucional

La denuncia también señala que en Asturias se investiga la adjudicación de contratos vinculados al desmantelamiento industrial de baterías de coque. Además, la financiación pública concedida al Grupo Forestalia forma parte de las líneas de investigación abiertas, lo que amplía el alcance del caso a actividades relacionadas con el desarrollo de proyectos de energías renovables.

Según el Ministerio Público, la operativa se apoya en una estructura societaria que habría servido para canalizar los beneficios obtenidos en las distintas actuaciones investigadas. La Fiscalía afirma que ese entramado estaba formalmente controlado por el empresario Antxón Alonso Egurrola y utilizaba principalmente las sociedades Mediaciones Martínez, Servinabar y Next Generation Caliope Innova para recibir fondos de empresas presuntamente beneficiadas por decisiones administrativas y distribuirlos después entre los miembros del grupo mediante distintos mecanismos financieros.

Para Anticorrupción, esa red empresarial desempeña un papel esencial en la presunta operativa criminal porque facilita tanto la recepción como el reparto de los beneficios. El procedimiento añade presión sobre varios entes públicos y empresas estratégicas, en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de recursos públicos y los procesos de adjudicación y financiación en España.

En nuestra publicación anterior sobre la investigación del caso Leire y el rescate de Tubos Reunidos, explicamos que la UCO situaba la ayuda pública de 112,8 millones de euros aprobada por la SEPI en 2021 en el centro de las diligencias. También se detallaba la presunta intermediación del grupo Hirurok —con Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso—, incluyendo supuestos contactos políticos para desbloquear el expediente y el señalamiento de posibles comisiones vinculadas a esa operación.

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