España prepara prorrogar casi intacto el paquete anticrisis ante el riesgo inflacionario
La mitad de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno el 20 de marzo vence el 30 de junio, lo que fuerza la aprobación de un nuevo real decreto-ley antes de su caducidad. El Ejecutivo celebra un Consejo de Ministros el 29 de junio para activar el relevo normativo con entrada en vigor el 1 de julio, en un contexto de presión por los precios de la energía y el consumo de verano.
Destacados
- El Gobierno español prevé prorrogar casi sin cambios el paquete fiscal anticrisis, incluida la rebaja del IVA energético y del Impuesto de Hidrocarburos, para contener la inflación.
- Retirar los apoyos a combustibles podría elevar entre 0,8 y 0,9 puntos la inflación de julio y tres décimas la tasa anual, según Funcas e IEE.
- El coste recaudatorio de las medidas, estimado en 2.500 millones de euros, es limitado frente a unos ingresos fiscales superiores a 300.000 millones de euros previstos para 2025.
Prórroga fiscal en la recta final de junio
Según adelanta elEconomista.es, el nuevo decreto que ultima el Gobierno no cambia de forma sustancial el paquete aprobado en marzo y apunta a la prórroga de las medidas que decaen ahora. Fuentes del Ejecutivo señalan que el texto sigue en preparación, sin concretar todavía su alcance definitivo.Entre las medidas en revisión figuran las rebajas del IVA sobre la energía y del Impuesto Especial de Hidrocarburos. El director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, sostiene que mantenerlas responde a la necesidad de contener el alza de precios, y estima que retirar los apoyos a los combustibles, incluida la bonificación de 20 céntimos por litro al gasóleo para ciertos sectores, eleva entre ocho y nueve décimas la inflación de julio y tres décimas la tasa anual.
El Instituto de Estudios Económicos añade que, sin estas medidas fiscales, la inflación habría alcanzado el 4,4% en mayo y el 4,5% en abril. A ello se suma que el coste recaudatorio previsto por el Gobierno, cifrado en 2.500 millones de euros al aprobar el RDL 7/2026 y reiterado en el Informe de Progreso Anual del Reino de España para 2026 remitido a Bruselas, resulta limitado frente a unos ingresos fiscales que superan los 300.000 millones de euros en 2025.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, afirma que el mayor impacto de una subida de tipos recae sobre el consumidor final. En su análisis, las empresas de los sectores afectados ingresan más por IVA al soportar menos impuesto, mientras que en hidrocarburos Hacienda reduce devoluciones al aplicar el mínimo permitido por Bruselas.
Presión sectorial y cálculo político del Ejecutivo
Las subvenciones y ayudas directas no afrontan un vencimiento inmediato, ya que su marco actual se extiende hasta el 30 de diciembre. Su retirada pierde fuerza como opción porque los precios energéticos siguen afectando a múltiples sectores y porque la Comisión Europea recomienda responder a la crisis derivada de la guerra de Irán más con ayudas focalizadas que con rebajas generalizadas de impuestos energéticos.Esa orientación europea combina criterios ambientales y económicos, al evitar señales favorables al consumo de combustibles fósiles y priorizar el apoyo a sectores vulnerables y hogares en pobreza severa. Dentro del propio Gobierno, sin embargo, persisten diferencias sobre el enfoque, ya que fuentes de la industria señalan que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende medidas más estructurales, mientras el ministro de Industria, Jordi Hereu, pone más atención en el impacto presupuestario.
El proceso también avanza con escasa interlocución política y empresarial. Aunque Economía, Industria, Turismo y Agricultura mantienen reuniones desde hace semanas, las patronales no conocen aún qué medidas se aprueban finalmente, y Junts, cuyos siete votos son decisivos para la convalidación en el Congreso, asegura que no ha habido negociación hasta ahora.
La falta de información previa, a diferencia de lo ocurrido con el decreto de marzo, refuerza entre las fuentes consultadas la idea de que no se esperan cambios de calado. En ese escenario, el Gobierno busca evitar que el inicio del verano coincida con un encarecimiento adicional para los consumidores y con un repunte visible de la inflación.
Las rebajas fiscales y ayudas energéticas aprobadas por el Gobierno en marzo ya suman un impacto presupuestario estimado de 4.200 millones de euros, según el Informe Anual 2025 del Banco de España, con un peso relevante de las bajadas de IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos. En nuestra información también destacamos que, pese al despliegue inmediato de descuentos y apoyos, gran parte de la respuesta de más largo plazo (redes, renovables, biometano, almacenamiento y programas industriales) sigue pendiente de desarrollo normativo para convertirse en una estrategia verdaderamente estructural.
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