El convenio de seguridad privada vincula jubilaciones parciales a la caída del absentismo

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Emilio Ghigini

Hace 4 horas

El convenio de seguridad privada vincula jubilaciones parciales a la caída del absentismo — Jubilación ligada al absentismo

La negociación colectiva en España incorpora una nueva fórmula para contener el coste de las bajas por incapacidad temporal en un sector presionado por el alza de los gastos laborales desde 2019. El convenio de seguridad privada establece que las empresas aceptarán más solicitudes de jubilación parcial si desciende la tasa de absentismo, en un mecanismo que sindicatos y patronales ven como excepcional.

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La cláusula del nuevo convenio de seguridad privada vincula la aceptación de jubilaciones parciales a la reducción del absentismo por incapacidad temporal, con umbrales del 8% y 4%.
Las empresas aceptarán sólo el 10% de solicitudes de jubilación parcial si el absentismo baja del 8%, y el 100% si cae al 4%, según datos trimestrales de Randstad.
Sindicatos como USO, CCOO y UGT rechazan aplicar este modelo a otros sectores y critican el uso de un indicador privado que podría perjudicar a empleados enfermos.

Cláusula pactada en seguridad privada

Según informa elEconomista.es, el acuerdo firmado a comienzos de abril en el sector de la seguridad privada entre APROSER, ASECOPS y FES, junto con UGT, CCOO y USO, introduce por primera vez una relación directa entre la reducción del absentismo por incapacidad temporal y la aceptación de jubilaciones parciales.

El artículo 69 del convenio recoge que las empresas aceptarán un 10% de las solicitudes de jubilación parcial presentadas durante el año si la tasa de absentismo por incapacidad temporal del sector, publicada por Randstad, baja del 8%. Si esa tasa llega al 4%, las compañías aceptarán todas las solicitudes de los trabajadores que cumplan los requisitos legales y convencionales.

La jubilación parcial ya estaba contemplada para empleados de más de 63 años con cotización suficiente para generar derecho a una pensión contributiva, pero las empresas no estaban obligadas a concederla. La parte sindical impulsó esta fórmula para convertir esa petición en un derecho condicionado, aunque admite reservas por apoyarse en un indicador privado y no en una estadística oficial.

El convenio también fija criterios de prioridad cuando se aplique un porcentaje intermedio de la escala. En ese caso, se favorecerá a los trabajadores de mayor edad, a quienes la soliciten antes, a quienes hayan trabajado más días en el último año y a quienes tengan más antigüedad en la empresa.

Impacto laboral y límites para extender el modelo

La negociación se produce en un contexto en el que las patronales sitúan la reducción de las bajas laborales entre sus prioridades, en línea con la posición de CEOE. En seguridad privada, además, las empresas operan con la limitación legal que impide a las administraciones públicas revisar el precio de las licitaciones para compensar aumentos de costes laborales, lo que estrecha el margen económico del sector.

El absentismo sigue siendo un concepto discutido en el diálogo social, ya que agrupa ausencias justificadas y no justificadas y carece de un indicador oficial único. La referencia elegida en este convenio es la publicación trimestral de Randstad sobre horas de trabajo perdidas, elaborada desde 2018, aunque las partes reconocen que el objetivo del 4% queda lejos en las condiciones actuales.

Desde el lado empresarial, la medida se valora como una vía para orientar el acuerdo hacia la reducción de un problema que preocupa a las compañías. Sin embargo, USO sostiene que la cláusula es un error que debe corregirse en la próxima revisión y rechaza vincular la jubilación parcial al absentismo por considerar que puede penalizar la enfermedad y abrir la puerta a prácticas discriminatorias.

CCOO y UGT tampoco se muestran partidarios de trasladar esta fórmula a otros sectores. Ambas organizaciones ya han advertido en los últimos meses de que no negociarán con CEOE cambios en convenios colectivos que partan de ese planteamiento.

En nuestra anterior información sobre la financiación del déficit de la Seguridad Social, recogimos la advertencia del Tribunal de Cuentas sobre el uso de préstamos para cubrir los desequilibrios del sistema. El fiscalizador defendía que esas necesidades deben sufragarse mediante transferencias corrientes desde los Presupuestos Generales del Estado, al considerar que el endeudamiento distorsiona la imagen patrimonial y agrava las dudas sobre la sostenibilidad financiera.

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