La investigación sobre SEPI apunta a acceso a datos reservados y decisiones tras la salida de su expresidente

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José Antonio Gastélum

Hace 1 horas

La investigación sobre SEPI apunta a acceso a datos reservados y decisiones tras la salida de su expresidente — SEPI bajo sospecha interna

La causa sobre presuntas comisiones ilegales vinculadas a préstamos de la SEPI amplía su alcance con nuevos indicios sobre la actuación interna del antiguo máximo responsable del holding público. El informe sitúa esa actividad en 2020 y 2021, después de la dimisión formal de Vicente Fernández en octubre de 2019 y en un contexto de supervisión judicial de posibles irregularidades.

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Un informe de la Guardia Civil concluye que Vicente Fernández siguió ejerciendo funciones de presidente en SEPI tras su salida oficial en octubre de 2019.
La investigación detalla que entre 2020 y 2021 Fernández participó en negociaciones clave, accedió a datos reservados y dio instrucciones a altos cargos sobre créditos, incluyendo gestiones con Banco Santander.
El procedimiento judicial señala impacto en gobernanza y controles internos, investigando también a Leire Díez, Antxon Alonso y Santos Cerdán, con nuevas diligencias pendientes.

Informe policial y actuaciones bajo examen

Según elEconomista, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluye en un informe remitido al juez Santiago Pedraz que Vicente Fernández siguió ejerciendo funciones propias de la presidencia de la SEPI tras dejar oficialmente el cargo el 4 de octubre de 2019.

La investigación sostiene que el exdirectivo, que abandonó la entidad pública tras ser imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar, mantuvo una actividad decisoria dentro del organismo en los años posteriores. En la causa se analiza la presunta existencia de una trama orientada al cobro de comisiones ilegales a cambio de facilitar préstamos concedidos por la SEPI.

De acuerdo con la UCO, entre 2020 y 2021 Fernández actuó de facto como si siguiera al frente del ente público. Los investigadores le atribuyen participación en reuniones de negociación con terceros en representación de la SEPI, acceso a información interna reservada y emisión de instrucciones directas a altos cargos de la entidad.

Entre los episodios señalados figura la negociación para la concesión de un crédito puente con Banco Santander. En ese marco, Fernández habría dado instrucciones directas a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente y presidente en funciones, para realizar determinadas gestiones telefónicas previamente acordadas.

Impacto judicial y alcance institucional

La Guardia Civil también sostiene que el investigado accedió de forma sistemática a documentación interna de la SEPI sujeta a deber de confidencialidad, en referencia a lo establecido en el artículo 2.7 del Real Decreto-ley 25/2020. El informe policial recoge que el conjunto de evidencias apunta a una continuidad efectiva en la toma de decisiones estratégicas y en la dirección de actuaciones internas.

En este procedimiento, además de Fernández, están siendo investigados la exasesora socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Paralelamente, el magistrado abre una pieza separada para investigar una supuesta trama destinada a desestabilizar procedimientos judiciales por corrupción que afectan tanto al PSOE como al Gobierno.

Las pesquisas siguen abiertas a la espera de nuevas diligencias. El caso añade presión sobre la gobernanza y los controles de acceso a información sensible en una de las principales sociedades estatales de participaciones industriales de España.

En nuestra publicación ya informamos sobre la operación “Insulae” de la Agencia Tributaria, un despliegue inspector coordinado en varias comunidades para revisar a agencias y sociedades del sector inmobiliario. La actuación se centra en posibles comisiones y cobros en efectivo no declarados, además de otras prácticas irregulares detectadas a partir de denuncias previas, en un contexto de mayor control sobre el cumplimiento fiscal.

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