La Xunta rechaza la propuesta de financiación autonómica y avisa de pérdidas para Galicia

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José Antonio Gastélum

Hace 1 horas

La Xunta rechaza la propuesta de financiación autonómica y avisa de pérdidas para Galicia — Galicia rechaza financiación

La negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica reabre el choque entre la Xunta y el Ministerio de Hacienda en un momento de incertidumbre presupuestaria estatal. Galicia sostiene que la propuesta mantiene cambios mínimos frente a planteamientos anteriores y que reduce sus recursos relativos frente a otras comunidades.

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El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, rechaza la propuesta de financiación autonómica y advierte que Galicia perdería financiación respecto al resto de autonomías.
Catorce de las quince comunidades afectadas se oponen al sistema presentado por el Ministerio de Hacienda, que da solo 15 días para decidir y mantiene sin cambios el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 29.
Corgos alerta sobre la presión en las cuentas públicas por la ausencia de nuevos presupuestos nacionales durante tres años y la probabilidad de repetir la situación un cuarto ejercicio consecutivo.

Críticas al modelo y al calendario de negociación

En declaraciones a los medios en A Coruña, recogidas por elEconomista.es, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, califica de "fake" la llamada al diálogo lanzada este miércoles por el ministro de Hacienda, Arcadi España, para negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. El responsable gallego reprocha además una "atención cero" del Gobierno central a los requerimientos de la Xunta y sostiene que el proceso se plantea sin voluntad real de modificar el esquema presentado.

Corgos afirma que 14 de las 15 comunidades afectadas se oponen al sistema porque, según dice, no han participado en su elaboración. También critica que el modelo difiere de lo tratado en los grupos de trabajo y que el Ministerio da un plazo de 15 días para decidir, mientras mantiene la convocatoria de un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera para el día 29 sin cambios de fondo.

El conselleiro asegura que las modificaciones introducidas por el Ejecutivo son "cosméticas" y defiende que Galicia no puede aceptar un sistema diseñado sin tener en cuenta a las comunidades. A su juicio, la propuesta supone para Galicia una pérdida relevante de financiación respecto al resto de autonomías y responde a un "traje a medida" que deja sin margen al resto de territorios.

Presión sobre las cuentas públicas y mensaje económico de Galicia

Corgos vincula este debate con la situación de las finanzas públicas nacionales y advierte de que contar con una senda de estabilidad ayudaría a la planificación presupuestaria. En ese contexto, critica que España lleve tres años sin presupuestos y avisa de que el país está abocado a encadenar un cuarto ejercicio en la misma situación, lo que considera impropio de una economía avanzada que necesita una guía financiera estable para sostener crecimiento y empleo.

El titular de Facenda también cuestiona que el Gobierno anuncie la presentación de la misma senda de estabilidad tras su rechazo, al considerar que el resultado será idéntico si no se modifica el planteamiento. Frente a una posible negociación bilateral, insiste en que la posición de la Xunta pasa por un diseño compartido entre todas las comunidades y por escuchar al menos parte de las demandas gallegas.

Antes de participar en un acto del Foro Económico de Galicia, Corgos defiende además que la comunidad mantiene su trayectoria de crecimiento. Según su valoración, la economía gallega sigue una senda estructural apoyada sobre todo en la productividad, pese a una coyuntura marcada por la incertidumbre de los últimos años.

En nuestro artículo anterior sobre el riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales en 2026, explicamos que la AIReF alertó de que España podría desviarse tras superar el límite de gasto en 2024 y 2025, y reclamó un ajuste cercano a 10.000 millones de euros. También detallamos cómo el crecimiento del gasto computable previsto, por encima del tope del 3,5%, aumenta la presión sobre el Gobierno y las comunidades, y puede forzar medidas más rápidas en el próximo ciclo político para sostener la senda de estabilidad.

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