Consejo de Estado cuestiona la vía reglamentaria del registro horario en España

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Ezequiel Gomes

24.03.2026

Consejo de Estado cuestiona la vía reglamentaria del registro horario en España — Registro horario en duda

Un informe desfavorable aprobado la semana pasada por el Consejo de Estado, según confirman a elEconomista.es fuentes del Ministerio de Trabajo, pone en duda que la reforma del registro de jornada pueda tramitarse mediante real decreto y refuerza la base jurídica de un eventual recurso de CEOE. El dictamen, aunque no es vinculante, se suma a las reservas ya expresadas por varios ministerios sobre el alcance normativo y el coste de la medida para empresas y administraciones.

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El Consejo de Estado advierte que el registro horario propuesto excede el ámbito de un real decreto y debería tramitarse como ley, complicando la estrategia del Ministerio de Trabajo.
Se señalan ausencia de memoria económica detallada y falta de ayudas a pymes para la digitalización, coincidiendo con reparos de Economía y Transformación Digital y elevando el coste jurídico y político.
La CEOE rechaza nuevas cargas y mecanismos de acceso remoto para la Inspección, mientras el dictamen abre la posibilidad de ajustes técnicos o cambio de instrumento normativo, pudiendo retrasar la aprobación.

Objeciones jurídicas y costes de implantación

El principal órgano consultivo del Gobierno considera que la redacción del texto excede el ámbito propio de un real decreto y que, por tanto, debería salir adelante mediante una ley. Esa apreciación afecta a la estrategia elegida por el Ministerio de Trabajo tras el rechazo parlamentario de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales. La reforma recupera parte de los cambios relativos al modo de registrar el tiempo de trabajo, con mayor detalle sobre el tipo de jornada, las horas extraordinarias u ordinarias y los periodos en los que el empleado permanece a disposición de la empresa.

Entre los reparos que sustentan la posición desfavorable figuran la ausencia de una memoria económica detallada y la falta de ayudas específicas para que las pymes puedan implantar un registro digital de entradas y salidas. También se menciona que no se valora el impacto para las Administraciones Públicas en términos de coste económico. Parte de estas observaciones coincide con las planteadas por los ministerios de Economía y Transformación Digital en el proceso de revisión interna.

Impacto político y presión empresarial sobre la reforma

Trabajo recurre al real decreto después de que Junts, PP y Vox rechazaran el recorte de jornada en el Congreso, al entender que esta vía evita una nueva aprobación parlamentaria. Sin embargo, el Consejo de Estado sostiene que el texto no se limita a desarrollar la legislación vigente, sino que introduce nuevas obligaciones y cargas para empresarios y trabajadores. Esa interpretación se alinea con la posición que CEOE mantiene desde hace meses sobre los límites legales de la reforma.

La patronal recuerda que la normativa actual permite un registro manual y defiende que un decreto no puede imponer por sí solo este cambio de modelo. Los empresarios también cuestionan la seguridad del sistema planteado, porque la propuesta prevé acceso remoto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los registros empresariales para detectar fraude. El Ministerio de Trabajo confía en parte en la evaluación de la Agencia de Protección de Datos, que inicialmente no plantea grandes objeciones sobre este punto, mientras el texto también prevé facilitar esa información a los trabajadores y a sus representantes legales.

Contexto regulatorio y margen de cambios

Desde el otoño, el Ministerio de Trabajo recibe informes de los distintos departamentos con competencias en la materia y de la Agencia de Protección de Datos. Según el texto, Economía remite su última observación en febrero, aunque el departamento niega estar en contra de la medida y enmarca sus comentarios en el proceso legislativo habitual. El ministerio que dirige Carlos Cuerpo insiste en que apoya la reforma siempre que se facilite su adopción por parte de las empresas.

El informe del Consejo de Estado no obliga formalmente al Ejecutivo, pero sí eleva el coste político y jurídico de mantener sin cambios la tramitación elegida. Además, puede retrasar la aprobación definitiva del decreto en un momento en que el Gobierno busca reactivar por otra vía elementos de una reforma laboral que no prospera en el Congreso. Para el tejido empresarial, el dictamen abre una ventana para exigir ajustes técnicos o un cambio completo de instrumento normativo.

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