Cataluña perfila el traspaso del IRPF a la ATC con un plan en tres etapas

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Emilio Ghigini

Hace 2 horas

Cataluña perfila el traspaso del IRPF a la ATC con un plan en tres etapas — IRPF: plan catalán en marcha

La Generalitat de Cataluña mantiene en marcha el diseño para transferir la gestión del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña, aunque el proceso sigue sin calendario cerrado ni cobertura jurídica definida. El esquema aparece recogido en el contrato programa 2026-2029 de la Hacienda catalana y prevé una implantación gradual que ampliaría de forma notable las competencias, los recursos y el volumen de fondos bajo gestión.

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Cataluña prepara el traspaso del IRPF a la ATC en tres etapas, pasando de apoyo a gestión integral entre 2026 y 2029 sin fechas concretas.
La gestión del IRPF elevaría el volumen financiero de la ATC de 5.000 millones de euros a cerca de 30.000 millones, requiriendo refuerzos en personal, tecnología y oficinas.
La transferencia del IRPF depende de una reforma legal que, según el pacto PSC-ERC, debería aprobarse en la segunda mitad de 2024 para avanzar en la cesión de competencias.

Hoja de ruta para asumir la gestión del impuesto

Como informó elEconomista.es, el contrato programa suscrito entre la Hacienda catalana y la Generalitat para 2026-2029 detalla un itinerario de tres etapas para que la Agencia Tributaria de Cataluña, ATC, pase de su papel actual de apoyo en la Campaña de la Renta a una eventual gestión integral del IRPF.

La primera fase corresponde a una etapa de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT. En este punto, la ATC mantiene funciones de información y asistencia a los contribuyentes y refuerza su capacidad operativa con 152 efectivos temporales, un 49% más que el año anterior, además de 40 oficinas repartidas por el territorio.

La segunda fase contempla una gestión parcial, en la que la ATC empezaría a recibir nuevas competencias, incluida la facultad de dictar actos administrativos, definir planes de control tributario, ejecutar procedimientos de verificación, comprobación limitada e inspección, revisar actos derivados y ejercer la potestad sancionadora. Este despliegue se organiza en cuatro niveles, desde el control de deducciones autonómicas hasta expedientes vinculados con fiscalidad internacional y posibles delitos contra la Hacienda pública.

El último tramo es una etapa de gestión integral, en la que la agencia autonómica asumiría la gestión, inspección, recaudación, revisión y potestad sancionadora del impuesto sobre la renta. El documento mantiene, no obstante, un enfoque incremental sin fechas concretas, aunque si el contrato programa culmina en 2029, el texto apunta a que para entonces podrían haberse transferido todas las competencias previstas.

Impacto operativo y exigencias legales

La asunción del IRPF elevaría con fuerza la escala financiera de la ATC. En la actualidad, el organismo gestiona cerca de 5.000 millones de euros en tributos propios y cedidos, pero la incorporación del impuesto sobre la renta llevaría esa cifra hasta rozar los 30.000 millones.

El contrato programa identifica dos frentes clave para sostener ese salto, personal y tecnología. El texto señala que cada fase requiere definir necesidades de plantilla, capacidad normativa, sistemas de información y gobierno de datos, mientras la agencia también prevé alquilar o comprar nuevos espacios físicos para acompañar su expansión en Girona, Lleida, Tarragona y el Barcelonès Nord, además de otros emplazamientos de menor tamaño.

La transferencia efectiva del IRPF sigue condicionada a una reforma legal. Según el reciente acuerdo presupuestario entre PSC y ERC, ese cambio normativo debería materializarse durante la segunda mitad de este año, un paso necesario para convertir la planificación técnica en una cesión efectiva de competencias.

En nuestra publicación previa sobre la reforma de la financiación autonómica que defendió Alfonso Fernández Mañueco, repasamos su llamada a un modelo “sin privilegios territoriales” y ajustado al coste real de los servicios públicos. También señalamos su rechazo a acuerdos bilaterales y a una eventual condonación de deuda que, a su juicio, acabaría repartiéndose entre todos los contribuyentes, y su petición de unidad política para impulsar un sistema más equitativo.

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