Cataluña impulsa la evaluación continuada del sector público para reforzar control y transparencia
El debate sobre la modernización del control del gasto público gana peso en Cataluña con una propuesta que va más allá de la mera rendición de cuentas. Una jornada celebrada en el Parlament reúne a auditores, organismos públicos y expertos para plantear una evaluación continuada de las políticas públicas y sus resultados.
Destacados
- El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña impulsa la evaluación continuada del sector público para reforzar control, transparencia y confianza institucional.
- Expertos destacan que la falta de indicadores de impacto socioeconómico y la ausencia de una norma específica catalana limitan la medición efectiva de resultados en políticas públicas.
- La implantación de la evaluación continuada exige mayor capacidad administrativa y apoyo tecnológico, ya que muchos ayuntamientos presentan cuentas incompletas y con meses de retraso.
Propuesta institucional para ampliar la supervisión pública
Como informa elEconomista.es, la jornada organizada ayer por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, con motivo de su 30 aniversario, pone el foco en la necesidad de implantar mecanismos de evaluación continuada en el sector público catalán. El encuentro se celebra en el Parlament con participación de representantes de la Generalitat, la Oficina Antifraude de Cataluña, Ivàlua, diputaciones y otros organismos.El presidente del CCJCC, Joan Vall, subraya que los auditores actúan como garantes del buen funcionamiento de las instituciones públicas y como una herramienta de transparencia y generación de confianza. En esa línea, el vocal del colegio Pere Ruiz explica que las obligaciones actuales de administraciones y entes públicos quedan por debajo de ese estándar, ya que los ayuntamientos están obligados a presentar cuentas a la Sindicatura, mientras que consorcios, fundaciones y empresas públicas son auditados sobre todo desde el punto de vista económico.
Ruiz añade que no existe obligación de incorporar indicadores de impacto socioeconómico para medir los resultados de las políticas públicas. También precisa que, aunque una ley estatal aprobada en 2022 establece pautas generales para avanzar en ese enfoque, su aplicación no se extiende de forma generalizada y en Cataluña todavía no hay una norma específica.
Retos operativos y efecto sobre la gestión
La implantación de este modelo no depende solo de cambios legales, sino también de más capacidad administrativa y apoyo tecnológico. El texto señala que muchos ayuntamientos, en especial los de menor tamaño, se ven desbordados por la carga burocrática diaria y presentan sus cuentas a la Sindicatura con meses de retraso y de forma incompleta.En este contexto, la directora de Ivàlua, Mireia Borrell, defiende que la evaluación continuada sirve para elegir entre distintas políticas la más adecuada para resolver un problema concreto y para corregir aquellas que no alcanzan los resultados esperados. A su juicio, no se trata de generar informes por sí mismos, sino de usar información para decidir mejor.
Entre las ventajas apuntadas figuran una asignación más ágil y eficiente de los recursos públicos y una mayor capacidad de la ciudadanía para valorar la actuación institucional. La jornada también cuenta con altos representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña, incluido su director Josep Tomàs Salàs, desde donde se destaca la neutralidad del organismo y su papel como herramienta de integridad pública y confianza institucional.
En nuestra publicación ya informamos sobre la advertencia de la AIReF respecto al riesgo de que el Ayuntamiento de Barcelona se desvíe del límite de gasto en 2026. Según sus estimaciones, el consistorio elevaría el gasto por encima del tope y el organismo pidió a la Generalitat un seguimiento de la ejecución presupuestaria para anticipar posibles tensiones por aumentos de gasto o caídas de ingresos.
Últimas noticias sobre Public Administration
- Forex
- Crypto