El Estado financiará la ampliación de Mossos y avala nuevos instrumentos de inversión en Cataluña

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Ezequiel Gomes

20.05.2026

El Estado financiará la ampliación de Mossos y avala nuevos instrumentos de inversión en Cataluña — Más inversión y Mossos

La comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado ratifica en Madrid los principales compromisos pactados entre PSC y ERC con impacto en seguridad, inversión pública y gestión institucional. El acuerdo fija en torno a 210 millones de euros la aportación estatal para ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta 25.000 agentes en 2030.

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El Estado destinará unos 210 millones de euros hasta 2030 para aumentar la plantilla de Mossos de 22.000 a 25.000 agentes, con una aportación individual de 70.600 euros por nuevo agente revisable según IPC.
Se constituye una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Cataluña para agilizar proyectos y obras públicas, reemplazando provisionalmente al Consorcio de Inversiones y respaldada por un consejo asesor y grupos de trabajo interdepartamentales.
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona cambia su estructura accionarial: 15% Ayuntamiento, 40% Generalitat y 45% Estado, manteniendo la presidencia en el alcalde y alineando la gestión con intereses económicos catalanes.

Financiación policial y nuevos vehículos inversores

Según elEconomista.es, la reunión concreta una de las principales demandas del Govern al establecer que el Estado abonará unos 210 millones de euros para acompañar el aumento de efectivos de la policía autonómica desde los 22.000 agentes actuales hasta 25.000 en 2030. La transferencia se canaliza de forma progresiva conforme se despliegan los nuevos agentes, en línea con lo acordado en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales celebrada en paralelo.

El pacto fija una aportación estatal de 70.600 euros por cada nuevo mosso, una cuantía que se actualizará anualmente con referencia al IPC. En la cita participan el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los consellers de la Presidencia y de Economía, Albert Dalmau y Alícia Romero, para refrendar las medidas del acuerdo presupuestario que requieren respaldo del Estado.

Entre los compromisos firmados figura también la constitución de una Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Cataluña, diseñada como fórmula paritaria y llamada a sustituir por ahora al Consorcio de Inversiones. Su objetivo es acelerar la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculadas a infraestructuras y otras inversiones públicas, con el apoyo adicional de un consejo asesor y de un grupo de trabajo entre Hacienda, Transportes y la Generalitat para preparar los cambios normativos y estatutarios necesarios.

Impacto en infraestructuras y gobernanza económica

Dentro de las actuaciones prioritarias sobresale la línea orbital ferroviaria, el corredor entre Mataró y Vilanova i la Geltrú que se convierte en una de las piezas centrales del entendimiento presupuestario. El proyecto contará con un protocolo específico para ordenar sus fases, calendario e inversiones.

La comisión también refrenda el cambio accionarial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que pasa a quedar repartido con un 15% para el Ayuntamiento de Barcelona, un 40% para la Generalitat y un 45% para la Administración General del Estado. El organismo mantiene su denominación histórica y la presidencia sigue en manos del alcalde de Barcelona, mientras el nuevo reparto busca alinear la gestión con las políticas económicas, logísticas e industriales impulsadas en Cataluña.

Ambas administraciones acuerdan además poner en marcha un proyecto piloto de atención compartida al ciudadano mediante un Centro Integral de Atención Ciudadana que funcionará como ventanilla única para trámites. Como parte del paquete, el Estado cederá también una parte del edificio Siza, situado en el litoral de Barcelona y actualmente sede del Centro Meteorológico Territorial, a la Administración autonómica.

En nuestra publicación, repasamos la negociación de Adif con Hacienda para renovar su convenio de financiación hasta 2030, orientado a asegurar recursos para inversión y mantenimiento de la red ferroviaria. El acuerdo también contempla una senda de reducción de la deuda —que ronda los 21.000 millones de euros— para reforzar la sostenibilidad financiera del gestor y su capacidad operativa a largo plazo.

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