Bruselas prevé flexibilizar reglas fiscales para gasto energético hasta 2028

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Dan Blystone

02.06.2026

Bruselas prevé flexibilizar reglas fiscales para gasto energético hasta 2028 — Bruselas relaja gasto energético

La Comisión Europea prepara un ajuste de las reglas fiscales para dar más margen a los Estados miembros en sus medidas de apoyo energético. La propuesta permitiría excluir del cálculo del déficit un gasto anual adicional de hasta el 0,3% del PIB entre 2026 y 2028, dentro de límites ya fijados para la cláusula de escape nacional.

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Bruselas permitirá a los países de la Unión Europea destinar hasta el 0,3% de su PIB anual en 2026, 2027 y 2028 a medidas energéticas ligadas a la transición ecológica fuera del cómputo de déficit.
El volumen acumulado de gasto energético autorizado no podrá superar el 0,6% del PIB en el periodo 2026-2028, excluyendo iniciativas vinculadas a combustibles fósiles y dentro del límite conjunto del 1,5% del PIB en defensa y energía.
La flexibilización responde a la presión de Italia y España e impulsa inversiones en energías renovables y seguridad energética sin aumentar formalmente el déficit de los Estados miembros.

Margen presupuestario para transición energética

Según confirmaron a Efe este martes fuentes europeas, Bruselas prevé permitir que los países de la Unión Europea destinen hasta el 0,3% de su PIB a medidas energéticas sin que ese desembolso compute en el déficit. La flexibilidad se limita en el tiempo, hasta 2028, y también en su alcance, ya que solo cubre apoyos a hogares y empresas vinculados a la transición ecológica, como inversiones en energías renovables o bombas de calor.

Las iniciativas ligadas a combustibles fósiles quedan fuera de este margen. Además, el gasto adicional autorizado en energía se integra en el aumento del 1,5% del PIB en defensa ya permitido hasta 2028 para los Estados que tengan activada la llamada cláusula de escape nacional, por lo que el desvío máximo total no cambia.

Fuentes europeas indicaron que los países podrán registrar un gasto extra no computable de hasta el 0,3% del PIB anual en 2026, 2027 y 2028, pero el volumen acumulado no podrá superar el 0,6% del PIB en el conjunto de esos tres ejercicios. Se espera que la Comisión Europea detalle la medida mañana, cuando presente el Paquete de Primavera del Semestre Europeo con su evaluación de las finanzas públicas y sus recomendaciones económicas para los 27 Estados miembros.

Presión de España e Italia y efecto sectorial

Italia había solicitado ampliar la flexibilidad presupuestaria prevista para defensa a las medidas destinadas a mitigar el impacto del encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Medio. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trasladó esa petición por carta al Ejecutivo comunitario.

España también reclamó este margen, aunque con un enfoque más centrado en la seguridad energética a largo plazo, como inversiones en infraestructuras y renovables. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó esa demanda en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Chipre a finales de abril, y después el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la reiteró en el consejo de ministros de Economía y Finanzas del bloque.

El movimiento de Bruselas supone un giro respecto a sus mensajes de las últimas semanas, cuando defendía que el marco fiscal vigente ya ofrecía flexibilidad suficiente. Para el sector energético y para los Estados con mayor presión presupuestaria, la medida abre una vía para sostener inversiones en transición ecológica sin elevar formalmente el déficit, aunque mantiene el criterio de que las ayudas ante el alza de precios deben ser temporales y dirigidas a los hogares y empresas más afectados.

En nuestra publicación anterior sobre la actualización de la financiación territorial para 2026, explicamos que el Gobierno aprobó un real decreto-ley que eleva las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales. También detallamos el régimen excepcional que permite a ayuntamientos con superávit destinar esos remanentes a inversiones sostenibles —incluidos proyectos de vivienda— con ejecución plurianual, ampliando su margen de inversión sin tensionar sus cuentas.

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